ESTUDIO INTRODUCTORIO

HISTORIA DE LA DEUDA EXTERNA DEL ECUADOR
conocimiento en el Congreso de 1853, imponía al Gobierno de entonces el respeto a
sus decisiones, o un trámite diverso del observado en 1854, para el caso de que nuestros
acreedores no hubiesen aceptado las modificaciones de aquél, lo cual no consta ni se
adujo como razón para que reviera una nueva Legislatura lo aprobado ya de un modo
legal, convenientemente y con honradez.
Respecto a las razones que se alega para arrojar el guante a las cámaras legislativas
y eludir la participación del Gobierno de Urvina en el contrato Espinel-Mocata, me
parece tamaña desvergüenza e ingratitud. ¿Por qué lo recomendó tanto al Congreso?
Por qué se suplantó a la Convención de 1852 un decreto que no lo expidió? ¿Qué objeto
se propuso Urvina al negar su sanción implícitamente al convenio Aguirre-Mocatta,
modificado por la Legislatura de 1853? Si estaba en las facultades del Ejecutivo el objetar
el convenio celebrado con Espinel, ¿por qué no ejerció esta atribución en beneficio del
país? Lejos muy lejos de esto, pedía que, por amor a Dios y a las benditas almas del
purgatorio, se aprobara pronto el convenio que llegó a consumar nuestra ruina y nuestro
descrédito.
Posteriormente en el No. 214 del periódico oficial, 104 insistía el Gobierno en el
plausible objeto de acopiar razones de defensa contra lo dicho en El Ferrocarril. El extenso
artículo a que me contraigo, contiene en su mayor parte, exageradas apologías en pro de
la administración de Urvina, apologías que si le recomendaban a la historia, no llenaban
el interés de justificar la inculpabilidad del Gobierno. “Para que el precedente arreglo
mereciese la impugnación que ha hecho El Ferrocarril, era preciso que tal impugnación
estuviese apoyada en alguna demostración que probase que el convenio fuese gravoso
a la nación y de gran utilidad a los tenedores de bonos”. A esto y a dar a luz ciertos
documentos que nada prueban, como lo verá usted, señor general, se limita la segunda
defensa publicada oficialmente. Desde luego los documentos fueron ya anunciados por
el Gobierno desde que se propalara la especie de los 400.000 pesos que decían haber
recibido Urvina, a cambio de la sanción del convenio Espinel-Mocatta. ¡Graciosa y
valiente manera de refutar! ¡Un desafío, un reto a la república que principiaba a entregar
a sus acreedores hasta su aliento, para que probase a sus victimarios el sacrificio evidente
de sus intereses!.. Las pocas razones consignadas hasta aquí son suficientes par ahogar,
aunque tarde, a quienes convinieron con el arreglo Espinel-Mocatta y lo protegieron
por sobre la honra personal y el porvenir de la patria, convenciéndoles de los gravoso
del contrato, a par de la gran utilidad que reportaron nuestros acreedores británicos. No
quiero repetir tales fundamentos; ni entrar en disquisiciones rentísticas; lo primero, por
haberlos dejado recientemente enunciados, y lo segundo, por ser extrañas a una reseña
histórica ligeramente formada, como para fundar en ella el estudio jurídico que se ha
dignado el Supremo Gobierno encomendarme con tan corto término.
Quiera Dios, y lo deseo de corazón como ecuatoriano, que los siguientes documentos
incluidos en la defensa, funden la inocencia del general Urvina en el ánimo de mis
104 El Seis de Marzo, agosto 26 de 1856.
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