ESTUDIO INTRODUCTORIO

HISTORIA DE LA DEUDA EXTERNA DEL ECUADOR
instrucciones habían sido de la aprobación de una de las cámaras legislativas, debió en
cualquier arreglo que celebrara, no olvidar la ilustrada y patriótica mira que envolvía esa
implícita aprobación del Senado.
Cree el ex Ministro de Hacienda que no se ha infringido el Art. 14 y su § 2 de la Ley
de Crédito Público, fundándose en que si la Dirección del Crédito Público tiene a su
cargo el exacto registro de todas las deudas, el registro difiere en mucho de un contrato, y
que esa diligencia debe hacerse después de recogidos los bonos negociados; porque entre
tanto (añade) no hay qué registrar, ni suma que fijar en el libro que al efecto se levante.
Para desvanecer este argumento empezaremos por observar que la Comisión de Hacienda
no dejó de manifestar en su informe la creencia en que está, de que es en Londres donde
deben recogerse y cancelarse los vales colombianos, dándose allí mismo en canje vales
ecuatorianos, según lo dispuesto en los Art. 5, 6, 7 y 8 de la convención colombiana
del 23 de diciembre de 1834. Pero aun cuando esto se verifique, como debe verificarse,
no dejarán de inscribirse esos nuevos vales ecuatorianos en el libro que la Dirección del
Crédito Público debe llevar para la inscripción de los documentos de la deuda de origen
extranjero.
La diferencia que hay entre este modo de proceder y el que ha adoptado la administración
anterior es que, en lugar de emitirse los vales en Londres se han emitido en Quito, y en
que, en lugar de hacerse inscribir dichos vales en el respectivo libro de la Dirección, sólo
se ha dado aviso a ésta de haberse celebrado el contrato con Conroy. La diferencia que el
ex ministro quiere establecer entre el registro de una deuda y un contrato, no existe en el
caso en cuestión, porque el contrato con Conroy se refiere precisamente a una deuda que
aunque está conocida por el Ecuador, no está inscrita en ninguna de sus oficinas ni circula
en vales emitidos por sus autoridades.
El mencionado contrato ha tenido por objeto amortizar una parte de esa deuda,
canjeando previamente vales ecuatorianos con los antiguos vales colombianos; pero ya
que el Ejecutivo se creyó autorizado para emitir aquí esos vales, a pesar de lo dispuesto en
los artículos citados de la convención del 23 de diciembre de 1834, debió disponer que
dichos vales fuesen emitidos por la Dirección del Crédito Público, e inscritos en alguno de
los libros de esta oficina. Pretende persuadir el ex ministro que cediendo al contratista la
octava parte de los derechos de aduana, se ha hecho una verdadera concesión comercial,
y que para esto estaba ampliamente autorizado el Ejecutivo por el § 10 del Art. 2 de
la Ley de Crédito Público. Pero basta leer ese parágrafo y las demás disposiciones que
sobre deudas de origen extranjero contiene dicha ley, para convencerse de la inexactitud
de tal razonamiento. El citado parágrafo faculta al Ejecutivo para hacer a los acreedores
extranjeros concesiones comerciales, industriales, de colonización e inmigración; y el
§ 1 del Art. 4 deja comprender que una de esas concesiones puede ser la de empeñar
algún puerto, con tal de que no sea Guayaquil o Manta. Pero las concesiones difieren de
los pagos de intereses de que habla el Art. 2, y cuyos pagos se mandan hacer conforme
al tenor del Art. 11. Dice también el ex ministro que el Gobierno no ha dado billetes
a Conroy, sino simples libranzas u obligaciones admisibles en todo su valor nominal; y
que ni en la anterior Comisión del Crédito Público, ni en la Dirección se encuentran
láminas, ni los libros para la deuda extranjera. Pero basta ver uno de los documentos que
el ex ministro ha emitido, para convencerse de que es un verdadero vale o billete. Se
dice en dichos documentos, “Vale a favor del portador….. pesos, admisibles en la octava
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