ESTUDIO INTRODUCTORIO

HISTORIA DE LA DEUDA EXTERNA DEL ECUADOR
El contrato tuvo lugar el 27 de octubre del mismo año, y por consiguiente antes del
tiempo prefijado para que la compañía pudiese revocar las facultades del señor Wilson.
Resulta, pues que si la compañía limitada aún no ha aprobado el contrato, acaso por la
falta de fondos para prestar la garantía estipulada en el Art. 16, ha sido buscando excusas
de todo punto inadmisibles; pues ni las cláusulas del poder limitan las atribuciones del
apoderado a las desconocidas y variables disposiciones de un estatuto o reglamento
particular, ni se constituyen jamás autorizaciones de esta naturaleza, que equivaldrían
a un juego de palabras, ni a una burla ridícula. Por lo demás, el Presidente Interno de
la república ha hecho bien en disponer que se suspenda todo procedimiento que tienda
a cumplir el contrato celebrado con el señor Wilson, puesto que la compañía, en vez
de empezar la construcción del camino en el tiempo estipulado, pretende someter a
su deliberación los artículos del convenio y no darle fuerza y valor sino mediante su
aprobación.
Los ciudadanos particulares que han celebrado contratos con la misma compañía
jamás pueden tener acción contra el Gobierno del Ecuador, ni contra su ministro
para exigir la reparación de los perjuicios que sufre. Ésta es una pretensión propia de
la ignorancia y mala fe del Industrial. El Gobierno Provisorio se limitó a estipular que
emplearía su influjo para hacer que los ecuatorianos compren no solamente las cinco
mil acciones que la compañía he reservado para ellos, sino un número mayor si fuere
posible, a fin de favorecer las empresas útiles de todo género. Pero es indudable que
independientemente del contrato relativo a la apertura del camino, los nacionales o
extranjeros tenían la facultad de comprar acciones a esa compañía y entrar con ella
en empresas de utilidad común. EL Gobierno debe proteger, es verdad, los intereses y
derechos de los ecuatorianos, según los principios de justicia; pero no indemnizar las
pérdidas que sufran en sus negocios particulares, y el negocio de que se trata es particular,
porque la compañía no es una nación; aunque el tal escritor del Industrial así la considere,
y por esto llama al contrato tratado público y habla de plenipotenciarios etc.
Los terrenos baldíos se han dado a los acreedores británicos, no por el contrato del
27 de octubre, sino por resoluciones y convenios anteriores; ¿a qué viene, pues, la charla
sobre si las pérdidas que resulten a los accionistas o compradores de terrenos, han de ser
indemnizadas por el señor Ascásubi o por el Gobierno Provisorio? ¿Es el Gobierno el
que ha celebrado el contrato con los particulares y el que les ha ocasionado perjuicios?
¿No son dos cosas enteramente diversas, la contrata sobre compra de acciones o terrenos
que pertenecían a la compañía por derechos anteriores, y la empresa de abrir un camino
público, un canal de riqueza y de luces?
La explicación que antecede es muy razonable en orden a la capacidad legal que al
tiempo del contrato tuvo Wilson para representar a la Compañía Limitada de Terrenos
Baldíos del Ecuador, y por ella mismo creo débil y censurable la conducta del Presidente
Interino. Si era verdadera y fundada la aseveración de que Wilson estaba autorizado
amplia y suficientemente para celebrar cualesquiera contratos y convenios, lo natural, lo
jurídico hubiese sido que García Moreno, lejos de acordar la suspensión de los efectos del
arreglo con Wilson, obligué e imponga a la compañía el deber de respetar y cumplir las
estipulaciones pendientes, fundándose precisamente en aquello que alegaba el Gobierno
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