ESTUDIO INTRODUCTORIO

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Emilio María Terán
Señor:
El súbdito inglés Ricardo Wright ha solicitado que el Gobierno del Ecuador le
reconozca y mande pagar los sueldos a que se cree acreedor por sus servicios militares,
diplomático y consulares.
Habiéndose negado el Poder Ejecutivo a esta solicitud, fundado en razones poderosas
y terminantes, Wright se ha dirigido al Ministerio de Negocios Extranjeros de Su
Majestad Británica para que intervenga esta exigencia, y el honorable Cónsul General
y Encargado de Negocios de esa nación manifiesta que su Señoría Lord Clarendon ha
visto la negativa del Gabinete del Ecuador; con mucho sentimiento y desagrado.
La Comisión de Crédito Público que ha examinado el origen de la deuda y las leyes
que arreglan los pagos, encuentra que el supuesto derecho de Wright ha caducado:
primero, porque la Ley de Crédito Público expedida el año de 1846 convirtió la deuda
doméstica en billetes, y previno en su Art. 21 que la conversión de documentos debía
verificarse dentro de dos años, haciendo perder su derecho a los que no verifican esta
operación; y segundo, porque en el año de 1853 se concedió un nuevo plazo de seis
meses para igual conversión de la deuda interior, declarando que pasado este tiempo
toda acreencia quedaba cancelada por el mismo hecho.
Como el reclamante no ha ejercido su derecho en diez años que han transcurrido
apelando a las medios que las leyes señalaban para el pago de la deuda anterior de 1845,
si acreencia ha dejado de existir.
En la cuenta de Wright presentada extraoficialmente por la legación británica a
la comisión que os informa, se ven partidas contra el tesoro del Ecuador, que causan
extrañeza y admiran las sugestiones del interés que se cree apoyado por derechos
quiméricos.
En ella hace figurar la deuda de 8.400 pesos por diez años de pensiones que le
corresponden desde 25 de febrero de 1846, hasta la misma fecha del año de 1856, a
razón de 60 pesos mensuales.
Semejante cargo no ha podido esperarse sabiendo como sabe Wright que, como
otros muchos, fueron suspensos de la lista militar por sus actos de hostilidad y las
conspiraciones tramadas contra la soberanía e independencia de la república. También
reclama por 27 años de servicios la pensión de coronel efectivo capitalizando pensiones,
y pide que se le pague por cargos tan insostenibles como incalificables, la enorme suma
de 25.822 pesos y 55,5 reales.
Por estas razones la Cámara de Representantes no puede ni debe decretar un pago
que pugna con las leyes expresas, y que de ser atendido contra la justicia, redundaría en
beneficio del enemigo más constante de la república, de sus intereses e instituciones,
ofreciendo con esta conducta un campo abierto para que muchos que pudieran
encontrarse en el caso de Wright hicieran valer derechos perdidos, y demandaran sus
pagos en términos ofensivos, a la dignidad nacional, como los que se han empleado en
el presente reclamo.