ESTUDIO INTRODUCTORIO

HISTORIA DE LA DEUDA EXTERNA DEL ECUADOR
consultados al Gobierno, no habría base para una resolución, ora [porque] se tuviera
presente el riesgo inminente de que el Gobierno corriera la suerte del de Venezuela y
sirviera de blanco a los tiros de la prensa en el cotejo de las dos propuestas.
Creí por consiguiente indispensable reiterar la consulta al Gobierno sobre los puntos
no resueltos; lo que hice en mi oficio de 5 de febrero, No. 22, en el que mencioné que
“recibida que sea la contestación, se convocaría la junta general de acreedores”. Mas,
antes de que se llegase a manos de usted dicho oficio, el Ministerio, con fecha 3 de
marzo, me relevó de la Comisión Fiscal y revocó mis poderes.
Remito adjunta copia de la carta en que le comunico al Presidente del Consejo y la
traducción de su respuesta (anexos Nos. 1 y 2).
Notará usted tanto en la citada respuesta como en la p. 2 de mi oficio de 16 de
octubre de 1874, No. 9 (que temo haya pasado inadvertido), la reserva importante
que hizo la Comisión Fiscal en las negociaciones, y que ha resultado de alguna utilidad
al Gobierno. En lugar de ofrecer el 16,66% efectivo de los intereses vencidos, según
lo prescribían las instrucciones, puse la limitación (que no contenían éstas) que el
cómputo del interés se entendiese sobre la base del 1% anual. Con arreglo a este límite,
el Presidente del Consejo, en la adjunta respuesta, calcula el primer ofrecimiento del
Gobierno en el 26,87% del capital, en lugar del 30%, aproximadamente, que hubiera
resultado sin el mínimum de interés prefijado por la Comisión Fiscal. Así, ésta logró que
se aceptaran las bases del Gobierno, sin que el Presidente del consejo supiera que tales
bases eran las mismas propuestas por el Gobierno.
Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios que reporta al país el trabajo de la extinguida
Comisión Fiscal? He aquí los principales:
1. Saber que la conversión de la deuda consolidada ha podido hacerse al 30% en
valor nominal representado por bonos al 6%, o sea al 20% efectivo, según el precio
de 67% de emisión fijado espontáneamente por el mismo Gobierno a nuestros
bonos.
2. Que la conversión en dichos términos comprende la absoluta condonación,
recabada por la Comisión Fiscal, de los intereses vencidos que montan a cosa
de 2’000.000 pesos ecuatorianos, los cuales no podrán consolidarse hoy como se
hizo en 1854.
3. Que esta reducción del 70% de la deuda activa, y extinción completa de la
diferida, ha podido hacerse no sólo sin aumentar el monto de intereses que debía
pagarse actualmente, según el convenio de 1854, sino aun con la disminución
de ellos. En efecto, hoy el Ecuador, según el convenio de 1854, tendría que pagar
más del 3% anual sobre los 9’120.000 pesos de la deuda; o sea, más de 273.000
pesos, y con la perspectiva del aumento gradual hasta 547.000 pesos, mientras
que en el proyectado arreglo se fijaba el límite: (i) del tipo de interés, el que
cualesquiera que fueren los rendimientos de las aduanas y las rentas del Ecuador,
no podía exceder de 164.160 pesos anuales, y (ii) de la duración de los pagos,
los cuales, con arreglo al convenio de 1854, debían ser eternos o indefinidos, al
paso que en el plan presentado por la Comisión Fiscal, se limitaban a 21 años, de
los que, mediante el fondo de amortización acumulativo de 2,5% anual indicado
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