ESTUDIO INTRODUCTORIO

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Emilio María Terán
Palacio de Gobierno, en Quito, a 30 de junio de 1892.
Antonio Flores.- El Ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores, Agustín
Guerrero.- El Ministro de Instrucción Pública y Justicia, Elías Laso.- El Ministro de
Hacienda, Gabriel Jesús Núñez.- El Ministro de Guerra y Marina, Julio Sáenz.
Buenos eran los deseos de Flores pero irrealizables, porque no siempre habría
permanecido amortiguado el sentimiento de justicia en los ecuatorianos. Flores se fue
a su casa muy tranquilo y satisfecho de sus obras, mientras tanto la expectativa para el
Gobierno del doctor Luis Cordero no podía ser más desesperada. Flores estipuló, cierto,
que a no ser él no lo habría hecho nadie; pero la ejecución del convenio, el cumplimiento
de las numerosas obligaciones, quedaban a cargo del nuevo Gobierno, sobre el cual
principiaba a pesar el pago de los dividendos; si lo primero era fácil, lo segundo era un
problema cuya solución iba a demostrarnos en la práctica, el amor de Flores al crédito
nacional; probablemente, la falta de conocimiento del nuevo Magistrado de lo oneroso
de la ejecución del convenio, le hizo decir lo siguiente, lleno de esperanzas y sinceridad,
al jurar la Constitución de la República:
Hay otro asunto que debe llamar seriamente la atención del Gobierno, y es el servicio
puntual de la deuda externa. Verificado el arreglo concerniente a ella, es indispensable
que lo contratado se cumpla, a costa de cualquier esfuerzo. Sólo portándonus con
exactitud y honradez, lograremos recobrar el crédito y conseguir, al cabo, que el capital
europeo no se retraiga de contribuir a la prosperidad ecuatoriana.
El Congreso Ordinario de 1892 no dejó de ver modo de reparar, o por lo menos,
prevenir los incalculables perjuicios que amenazaban al tesoro con la vigencia del
convenio que había sido ya aceptado por los tenedores de bonos; y, aun cuando no pudo
reconsiderar el nuevo contrato, expidió el 8 de agosto de 1892, un decreto tendiente,
de un modo implícito, a resolverlo de una manera definitiva, si hasta el 1º de enero de
1893 no quedasen perfectas las obligaciones del convenio, y si hasta la misma fecha
no se verificare el canje de los antiguos bonos con los que el Ecuador debía emitir, una
vez ajustados los pormenores en que se ocupaba Caamaño. Dije que el Congreso había
tratado de resolver el asunto, porque la parte dispositiva del decreto legislativo se reducía
a ordenar que se retiren las sumas depositadas y se devuelvan a los contribuyentes, si
la condición positiva, transcrita anteriormente, no se cumpliere hasta 1893; caso en
el cual debía cesar también el cobro del impuesto del 10% adicional creado en 1890,
para los efectos del arreglo con los tenedores de bonos. El ejecutivo objetó la ley,
fundándose no sin razón, en que el convenio de 21 de agosto había sido aceptado sin
condición, y que lo pendiente se refería sólo a fijar las bases para el pago de los cupones
y la conversión de bonos, y en que el Gobierno se hallaba ya cumpliendo religiosamente
sus compromisos, bien así en lo relativo a la entrega del producto del 10% al agente de