ESTUDIO INTRODUCTORIO

HISTORIA DE LA DEUDA EXTERNA DEL ECUADOR
de lo anotado anteriormente, el contrato Espinel-Mocatta no tiene validez alguna: lo
preceptúan la razón y las prescripciones fundamentales en orden a la forma de los actos
legislativos, que son la única manifestación de la voluntad soberana.
III
Lote de Pailón
El examen del valor jurídico del contrato Espinel-Mocatta, establece como cierto
la consecuencia de la nulidad de los actos y contratos a que se dio lugar, mientras se
lo ha reputado como una ley del Estado. Tratándose de actos prohibidos por la ley por
omisión de requisitos o formalidades sin los que no tienen valor alguno, sus resultados
jurídicos, los efectos que hubieran producido, sea porque declararen derechos o
establecieran obligaciones, llevan consigo el vicio de que adoleció la fuente de donde
se han originado. Si bien el Art. 24 del Convenio Espinel-Mocatta acuerda amortizar
con terrenos baldíos pertenecientes a la república los bonos ecuatorianos provisionales,
y si su artículo siguiente prescribe que se les adjudique dichos terrenos en pago de ellos,
es necesario examinar la naturaleza de las obligaciones impuestas al deudor en las
disposiciones citadas. Es pues menester estudiar este punto bajo los dos supuestos: ¿se
trataba de una mera adjudicación de tierras baldías?, ¿era un contrato de compraventa
de bienes nacionales, sujeto a las leyes que reglamentan su ser jurídico? Si lo primero,
los efectos del convenio de 1854, en la parte relativa al pago de los bonos provisionales
con tierras baldías, tenían que sujetarse a la ley de la materia vigente al tiempo de la
adjudicación; si lo segundo, era indispensable que el contrato de compraventa de estos
bienes nacionales, se arreglara a las leyes civiles, bien así en lo que dice relación a su
naturaleza, como en orden a la observancia de ciertas formalidades especiales que sin
ellas no surten ningún efecto civil. Sentado este principio por la ambigüedad de los
términos en que se hallan concebidos los Arts. 24 y 25 del citado convenio, veamos si
realmente se ha procedido con sujeción a los preceptos legales de cuya observancia no
podían relevarse ni los acreedores británicos por su calidad de extranjeros, ni el propio
Gobierno de la República, toda vez que las leyes tienen carácter mandatorio tanto a
personas como jurídicas.
El arreglo Icaza-Pritchett no tiene valor alguno, significa tanto como sino se hubiese
convenido en él: no consta que Pritchett fuese realmente el personero de los tenedores de
bonos: no es una ley porque el arreglo no se sometió al conocimiento y examen del Poder
Legislativo; no es un instrumento público, por más que lo diga la letra del convenio,
porque no se halla autorizado con las solemnidades legales por ningún empleado a quien
le competa tal atribución; no adjudica porque no era ésta la forma prescrita por la ley
para cuando se tratare de adjudicaciones de terrenos baldíos: no celebra ningún contrato
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