ESTUDIO INTRODUCTORIO

HISTORIA DE LA DEUDA EXTERNA DEL ECUADOR
individuo está solemnemente comprometido y reatado a la consignación de los $ 250,000
en bonos legítimos de esa denominación, y de la cuenta y cupones, también legítimos,
correspondientes a los intereses caídos. Si esta deuda se ha de pagar necesariamente,
porque desde el año 1830 en que se independizó el Ecuador se ha reconocido y garantido
en todas sus constituciones, se ha liquidado y distribuido su monto entre las tres secciones
de la antigua Colombia, y se han expedido varias leyes ordenando su satisfacción, y
proporcionado fondos al efecto ¿en qué consiste la mala inversión? ¿Qué gasto indebido
se ha hecho?, ¿qué quebranto a sufrido la nación? Lejos de esto, al cabo de 19 años se ha
tratado de infundir confianza al acreedor, y de volver efectivas esperanzas que hasta la
presente no lo han sido; pues en tanto que los otros estados colombianos han conseguido
en medio de sus revueltas recoger algunas sumas en los mencionados bonos, el Ecuador
conserva intacta su deuda pasiva, y día por día crece notablemente por los intereses que si
no exceden al capital, al menos lo igualan. Por $ 250.000 que se pagarán cómodamente
en más de seis años, de subsistir el contrato, según se ha demostrado en el mensaje que se
puso al Senado poniendo en su conocimiento lo pactado, reporta a la nación la utilidad
de $ 257.500, que es cuanto podía adelantarse en la vez primera que ha entrado en
estipulaciones con uno de sus acreedores, y cuando por lo mismo no fían todo lo preciso
en las promesas que les hacen nuestras leyes.
Conociendo la anterior administración la importancia de este asunto, y temerosa
de que si se mantenía en el pie que ha estado por 19 años, hubiesen fuertes reclamos
del Gobierno británico, a nombre de sus súbditos los tenedores de bonos, acreditó en
Londres suficientemente al señor Guillermo P. Robertson para que recibiera y escuchara
proposiciones de los portadores, con arreglo a las instrucciones especiales que al intento
se le mandó. Como dos años han transcurrido desde entonces, y todavía nada se ha
conseguido. Las instrucciones existen en copia en el Ministerio de Hacienda, y por ellas
se vé que las ventajas que pudiera recabar el Ecuador en el evento de ser aceptadas por los
acreedores, serían menores que las que se ha recabado con Conroy, prueba perentoria de
que el Gobierno anterior consultó solícito la mayor conveniencia del Estado, y que éste
ha sido su único norte. El Senado las exigió en el año próximo pasado, y las devolvió sin
hacer observación alguna, seguramente porque no merecieron su desaprobación, y esto
después de dado el decreto del 2 de diciembre de 1847. [Se supone] infringido el Art. 11
de la misma Ley de Crédito Público, según el cual los productos de los fondos designados
en el Art. 2 para el pago de intereses y amortización de capitales de deudas de origen
extranjero, se remitirán por el Poder Ejecutivo a Europa al fin de cada año, cuidando de
que esas remisiones se verifiquen en productos del país, que tengan salida ventajosa en
aquellos mercados. Permítaseme advertir la abierta contradicción en que aparece este
cargo con el de la violación que se alega del Art. 132 de la Constitución. Si en concepto
de la comisión acusadora se ha decretado contra el tesoro nacional un gasto para el cual el
Congreso no ha aplicado la cantidad correspondiente ¿qué fondos ha de remitir a Europa
para la compra de los bonos, y de los cupones de intereses? Y si cree que ha debido darse
cumplimiento al artículo mencionado, es porque hay sumas apropiadas para este objeto; de
suerte que la adopción del un principio excluye precisamente al otro. Con prescindencia
de esta poderosa reflexión, el Gobierno no ha dispuesto de fondos colectados, sino de
los que han de producir la octava parte de los derechos de introducción, y la venta o
arrendamiento de las tierras baldías: por tanto, no le era dado ni enviar entradas venideras,
contingentes, e inciertas en su cantidad, que naturalmente habían de tener lugar después
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