ESTUDIO INTRODUCTORIO

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Emilio María Terán
Ninguna ley sujeta a los acreedores extranjeros a que reciban billetes de crédito público
en cambio de sus bonos y cupones, y a que los amorticen en lotes, en redención de censos
al Tesoro Nacional, o en pago del derecho duplo de la alcabala de contratos, como sucede
con los acreedores por las deudas interior, colombiana y española. Los Arts. 6, 19, 21, 23,
24, 25, 27, 31, 34 y 36, se reducen únicamente a las tres clases de deudas, y nada dicen
sobre la extranjera, porque su naturaleza, los fondos de amortización y la autoridad que
los ha de invertir, son distintos. Por esto es que el Gobierno no ha dado billetes a Conroy,
sino simples libranzas, u obligaciones admisibles en todo su valor nominal, y que ni en la
anterior Comisión del Crédito Público, ni en la Dirección se encuentran láminas ni libros
para la deuda extranjera. [Imagínese] el caso de que hubiera fondos que mandar a Europa
en metálico o en productos del país, y que con ellos el agente del Ecuador comprara los
bonos con arreglo a las instrucciones que ha recibido u obtenido mayores ventajas.
¿Qué parte toma en esa operación la Dirección del Crédito Público?, ¿qué documentos
tenía para dar a los vendedores? Ninguno. El agente se haría cargo del dinero, compraría los
bonos, los remitiría al Gobierno comprobando al precio de su adquisición, y respondería
por el resto de la cantidad que le sobrase. Y cuando viniesen los bonos se pasarían a la
Dirección para que abra el registro de ellos, los cancele y archive. Entre este caso y el de
la presente contienda, no hay ninguna otra diferencia, sino la de que no habiendo en el
uno dinero disponible que dar al tenedor de los bonos de contado, como en el otro, se le
da una especie de papel moneda. El Art. 43, que también se cita en la acusación, manda
que ningún derecho, contribución o impuesto fiscal se pague en lo sucesivo, desde la
promulgación de esta ley (la del crédito público) sino en metálico, a excepción del caso
del Art. 4,§ 3, es decir, en el de haber que satisfacer el derecho de alcabala de contratos.
No sé qué conexión haya entre este precepto, y el contrato con Conroy, el cual no
participa de la naturaleza de derecho, contribución o impuesto fiscal que deba cobrar el
erario, siendo más bien una deuda que gravita sobre él y que tiene que erogarla. Por esta
razón ignoro de qué modo se hubiese traspasado el citado artículo. No especificándose en
la nota de la secretaría a que me refiero, en qué consiste la violación del decreto legislativo
del 2 de diciembre de 1847, no puedo contraerme a dar mayor explicación [tocante a]
dicho decreto. Con las aclaraciones que emito, espero que la honorable Cámara, obrando
con justicia y circunspección, acogerá favorablemente esta defensa, que la hago extensiva
al ex jefe del Estado, con arreglo al Art. 14 de la ley de responsabilidad del 18 de agosto de
1835, y declarará que no ha lugar a la acusación.
Manuel Bustamante.
De conformidad con las disposiciones de la ley, en orden a la sustanciación a que
debía someterse el juicio, dada la lectura del documento que antecede, la Cámara
resolvió sortear la comisión de los cuatro diputados llamados al estudio del proceso y
a expresar su dictamen sobre la inocencia o culpabilidad de los acusados. Designada
la comisión en la manera indicada,85 presentó su informe el 14 de noviembre, según
aparece del acta de esta fecha; el informe está concebido en estos términos:
85 Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del 5 de noviembre de 1849.