ESTUDIO INTRODUCTORIO

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Emilio María Terán
de compraventa porque ni se expresan ni observan las disposiciones reglamentarias para
esa forma de contrato. Por tanto, el llamado convenio Icaza-Pritchett no pasa de ser una
simple acta tendiente a dejar constancia del acuerdo sobre los terrenos baldíos que se
determinan para el pago de la deuda diferida.
Por lo demás, el Ministro Icaza no tenía derecho para conceder las exenciones
puntualizadas en los numerales 4 y 5 del Art. 3 del citado convenio, menos para omitir
las solemnidades legales, absolutamente contradichas por el Art. 4 del mismo. Si el
Gobierno representa al Estado lo hace dentro de los límites prescritos por la Constitución
y el carácter de las leyes secundarias.
El convenio Icaza-Pritchett carece del valor aparente que se ha pretendido darle
hasta hoy: ni quita ni pone rey en las obligaciones prehistóricas del Ecuador con
relación a nuestros acreedores; si existe no sirve sino como monumento al desatino
de nuestros gobiernos. El Ecuador no puede aceptar imposiciones reñidas con la ley.
Nada significa el supuesto contrato Icaza-Pritchett en un orden jurídico, que después
de impugnar la personería de Wilson y anular la escritura, tal vez para validar aquello
que estaba extraño a la ley, se otorgó el instrumento público entre Parys Moreno y el
Ministro de Hacienda, Pablo Bustamante, mediante el cual se propone adjudicar al
primero las 100.000 cuadras cuadradas correspondientes a uno de los lotes designados
en el inciso segundo del Art. 1 del contrato Icaza-Pritchett. Para este objeto, como
puede verse en la escritura citada, el ministro Bustamante figura en representación del
Gobierno, sin hallarse autorizado para el contrato ni por el Presidente de la República
ni por ley alguna. A la vez Parys Moreno figura como apoderado o procurador de alguna
compañía cuya personalidad jurídica, al parecer, difiere de aquélla con la cual estipuló
mediante la representación de Mocatta; digo que figura, porque se afirma en la escritura
un hecho que no está comprobado con el documento habilitante prescrito por la ley
para la validez del contrato. Las irregularidades son muchas: Bustamante como Ministro
de Hacienda no podía proceder por sí y ante sí sin la orden expresa del Presidente de la
República; a su vez, Parys Moreno necesitaba acreditar su personería en alguna forma.
Un Estado o nación tiene sus relaciones jurídicas como cualquier individuo de la
asociación política; puede ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, representado
por quien sea capaz de hacerlo legalmente. La calidad de Secretario de Estado no
confiere por sí sola la representación del Gobierno, ni éste tiene la del Estado de un
modo general, sino en los términos de las facultades constitucionales. Ni el Magistrado
de la República, ni ninguno de sus ministros, puede obligar al Ecuador desligado de la
ley.
Quiero decir que no constando en la escritura, la circunstancia de que el ministro
Bustamante obraba autorizado por el Gobierno en un contrato cuya celebración no era
privativa de sus atribuciones, legalmente no era competente para obligar a la república
a desapropiarse de sus bienes nacionales, por lo que las estipulaciones a que se contrae
la escritura, eran nulas e inconstitucionales de acuerdo al Art. 1430 del Código Civil
de 1861.