ESTUDIO INTRODUCTORIO

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Jorge Núñez Sánchez
El gobierno que promovió y suscribió este convenio lo consideró muy útil para el
país, afirmando que ayudaría “a afianzar la paz, a mantener el orden público y a salvar a
la Nación de esas cruzadas inmorales y escandalosas que la han conservado hasta ahora en
una situación precaria, insegura y vacilante, que agota todos sus recursos en defenderse de los
amagos exteriores y en mantener un ejército fuerte y numeroso”.
Por su parte, la oposición lo consideró muy perjudicial para los intereses del país
y acusó al presidente Urbina de haber recibido una comisión sobre el monto de la
negociación y de haberse enriquecido él y sus allegados con esa transacción. Aún
cuando Urbina no se hubiera enriquecido con este convenio –como lo sostienen varios
estudiosos del asunto– ello no disminuye su responsabilidad política en este negociado,
que causó grandes perjuicios al país, pues los bonos de la deuda, en el momento previo
a las negociaciones, no valían más que el 4%.
Años más tarde, al analizar este convenio, el doctor Alberto Guerrero Martínez
opinó que la capitalización de intereses aprobada en el mismo era ilegítima e inmoral,
porque resultaba inaudito “que una cantidad proveniente de intereses, al incorporarse a la
deuda principal, produzca a su vez nuevos intereses”.
A consecuencia de esta malhadada negociación, el país vio aumentar notablemente
su deuda externa, que se elevó de 1’424.000 a 1’824.000 más 566.000 libras esterlinas de
bonos. Por otra parte, como ha precisado el historiador chileno Luis Vitale, el Convenio
Espinel–Mocatta significó “la enajenación de vastos territorios, consumada por el sucesor
de Urbina, el teniente general Francisco Robles, mediante el decreto del 21 de setiembre de
1857”. 11
En la práctica, el acuerdo Espinel–Mocatta fue seguido por otro complementario, el
Convenio Icaza–Pritchett, por el cual el gobierno de Robles detalló la entrega de terrenos
a los acreedores británicos. Llevando a una aplicación práctica este nuevo acuerdo,
el ya mencionado decreto del general Robles establecía que, en pago de los bonos
ecuatorianos provisionales, se adjudicaba a los tenedores de dichos bonos los siguientes
terrenos baldíos:
– “Cien mil cuadras cuadradas entre los ríos Mataje y Tola (actualmente Santiago)
y cien mil cuadras cuadradas sobre los ríos Solima, Atacames y Súa…; todos estos
terrenos en la provincia de Esmeraldas al precio de tres pesos la cuadra.
– Un millón de cuadras cuadradas sobre las orillas del río Zamora, al precio de cuatro
reales la cuadra.
– Un millón de cuadras cuadradas en el cantón Canelos, a cuatro reales la cuadra.
– Cuatrocientas mil doscientas cuadras cuadradas entre el río Cañar… y el camino del
pueblo de Pucará para Balao, a razón de tres pesos cuadra. (...)”
11 Luis Vitale, “Historia de la deuda externa latinoamericana y entretelones del endeudamiento argentino”,
Sudamericana – Planeta, Buenos Aires, 1986, p. 66.