ESTUDIO INTRODUCTORIO

DEUDA GORDIANA
por completo y para siempre las puertas de toda redención. Fue menester que un
enérgico e incontrastable carácter como el del presidente García Moreno lo declarara
en suspenso en 1869, arrostrando las consecuencias de tan grave determinación, hasta
que se estipulase un nuevo arreglo más justo, más equitativo, que no contuviera dogales
en lugar de cláusulas, y que nos permitiera sacudir algún día el yugo extranjero.
Invitados para este objeto los bondholders en 1888, a insinuación y requerimiento del
Gobierno del doctor don Antonio Flores que, desde 1875 había venido persiguiendo de
todos modos, ya por la prensa, ya por artes diplomáticos, y aun por maniobras políticas
y cubiletes electorales, lo abrogación del pacto del 54, al que había dado repetidas veces
el calificativo de “infame peculado”; se iniciaron las conferencias para un nuevo arreglo
en la Legislatura de 1890, entre las varias comisiones del Senado que tomó la iniciativa
de la conversión [por causas que después veremos], y el representante de los tenedores
de bonos, señor George Chambers, cónsul de Su Majestad Británica en el Ecuador.
Discutidos varios proyectos sin ningún resultado práctico por el empeño que puso el
Gobierno en prohijar el arreglo de la deuda inglesa, mancomunado con las propuestas
del sindicato francés para la emisión de un empréstito, construcción de ferrocarriles y
de mueles, establecimiento de un banco nacional, consolidación de la deuda inglesa,
etc., se apeló por último (después de desahuciadas propuestas tan insidiosas e inicuas
como lo eran en verdad las de aquel grupo de usureros, presididos por el conde Thadée
d’Oksza Orzekowsk) al cómodo arbitrio de festinar los más triviales trámites del proceso
de las leyes, para obtener del Senado la que, a iniciativa de esta misma Cámara, fue
sancionada el 21 de agosto de 1890, y que lleva el sello en concepto del Gobierno, según
su último mensaje sobre crédito público, de un contrato bilateral, al que no puede faltar
ninguna de las partes. 51
Que hubo festinación de trámites sustanciales en el proceso o confección del decreto
legislativo a que dio origen el acuerdo preliminar de 14 de agosto del mismo año, lo
afirmamos de ciencia cierta, ex vissu et auditu, no sólo porque fuimos testigos presenciales
de la sangrienta burla que se hizo entonces de la moral y de la ley, sino también porque,
aunque algo tergiversada la verdad en las actas del Congreso, consta de ellas que el
Senado no estuvo legalmente representado en las conferencias y acuerdos que dieron
por resultado el ajuste y suscripción del mencionado acuerdo de 14 de agosto de 1890.
Consta, en efecto, del acta de la sesión del Senado correspondiente al 16 de agosto
del mismo año, que el presidente de esta corporación, sin autorización alguna de la
Cámara que presidía, y haciendo uso de una facultad que no estaba acordada por la
ley ni por ningún precepto reglamentario, nombró, por sí y ante sí, al señor doctor
don Lorenzo Rufo Peña (apoderado del sindicato francés para sostener las propuestas
ya mencionadas), a fin de que, en unión del doctor Flores, Jefe del Estado (que había
protestado no intervenir en ningún arreglo relativo a la deuda externa), se entendiera
51 Mensaje del 30 de junio de 1892.
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