ESTUDIO INTRODUCTORIO

HISTORIA DE LA DEUDA EXTERNA DEL ECUADOR
convenio, y sin embargo el presidente Urvina ni lo sancionó ni lo objetó, con manifiesta
prescindencia del Art. 39 de la Constitución de 1850; si bien es verdad que para los efectos
posteriores el arreglo Aguirre-Mocatta, quedaba con fuerza de ley y debió de promulgarse
como tal, según lo prescrito por el Art. 44 de la misma, habiendo pasado el término en que
el Ejecutivo podía observar al proyecto modificado por el respectivo Congreso. Y no se diga
que para sancionarlo era menester que los acreedores británicos aceptasen previamente el
convenio con las últimas modificaciones de la Legislatura, ya porque el presidente Urvina
nada tenía que ver en orden a las consecuencias o efectos del convenio ante las prescripciones
de la Constitución y los deberes impuestos por ella, ya porque las resoluciones del Poder
Legislativo de este género tienen su aspecto complejo: es una ley en cuanto se refieren al
Estado y él debe cumplirla, y meramente convenio en lo que dice relación a la voluntad
de un tercero, de quien dependen los efectos previstos por el acto legislativo. Tanto más
me admira la inacción del Ejecutivo respecto del convenio modificado, cuanto que Urvina
procedió, en iguales casos, en la forma legal que dejo indicado.
Generalmente se ha tenido el primitivo arreglo Aguirre-Mocatta como muy favorable
a los intereses económicos de la nación, aun cuando quienes tal cosa afirman, se apoyan
únicamente en el decir de la generalidad, por no serles conocida la letra del arreglo. Tengo
para mí que éste, sin las modificaciones del Congreso de 1853, habría arrastrado sin
piedad nuestro tesoro a la bancarrota e insolvencia irremediables. Para persuadirse de
esta verdad, basta tomar en cuenta los Arts. 1, 6 y 7 del convenio, y pasar el ojo por las
memorias del Ministerio de Hacienda, desde que los ingresos de la Aduana de Guayaquil
excedieron de 400.000 pesos, hasta 1893 en que ascendieron a 3´389.972,88 sucres. Esto
en tratándose de los intereses cuyo tipo, aunque sujeto a una eventualidad, superaba dado
el natural incremento de nuestro comercio, a lo que impone la justicia y hasta la honradez
de nuestros acreedores, dígase lo que se quiera.
La falta de patriotismo y buena fe en nuestros gobiernos, intereses ocultos, conciliaciones
falaces, han sido siempre el único obstáculo para que el Ecuador llegue con sus acreedores
a un advenimiento equitativo, por más que ellos se manifestaran en extremo caballerosos
a nuestro solícito afán por salvar el crédito y el decoro ecuatorianos. don Guillermo
Robertson, nuestro Cónsul General en Londres, fijó muy ventajosas bases de un arreglo
definitivo con los tenedores de bonos, tales como que “el capital primitivo no debía ganar
por interés sino el 1% anual, subiendo este interés sólo hasta el 3,5%; que reducido a la
mitad el valor de los intereses vencidos, lo que resultare no ganaría sino el interés del 1 y
el 2 sucesivamente”. Tal convenio no se llevó a cabo por sólo no haberse señalado el fondo
que debía destinarse al pago de las obligaciones convenidas..
Sea ésta la ocasión de impugnar la especie propalada por don Pedro Moncayo 97 de
que el Gobierno de Urvina “lejos de objetar y combatir las modificaciones del Senado las
adoptó y sostuvo a tal punto que el comisionado de los acreedores británicos, irritado de
este procedimiento publicó algunos impresos en tono destemplado y amenazador”. Urvina
97 La Democracia, No. 143, 1856.
225