ESTUDIO INTRODUCTORIO

HISTORIA DE LA DEUDA EXTERNA DEL ECUADOR
por eso no cayeron en la cuenta que los intereses de una suma no determinada en el
Art. 20 del contrato, a contarse desde enero de 1854 a 1855, ascendían a £85.474, sin
percatarse de que la transacción Espinel-Mocatta producía sus efectos jurídicos desde
que fue sancionada por el Ejecutivo; debido a esa celeridad, repito, no comprendieron
los honorables de 1854 que amortizar una deuda con terrenos baldíos o su producto,
es cosa bien diferente que pagarla con terrenos y su producto; por la misma causa los
padres conscriptos no columbraron que seis tantos más del valor de una propiedad, eran
mayormente ventajosos que el duplo del precio; la tal incuria, la prisa, digo, con la cual
hicieron caer sus cabezas los honorables de Urvina, no les permitió ver que Espinel
había suprimido el artículo del convenio Aguirre-Mocatta, mediante el cual no podían
nuestros acreedores británicos exigirnos el pago de la deuda consolidada, sino después
de los 60 años subsiguientes a la aprobación del convenio; y si el deber que me ha
impuesto usted, señor general, me obliga a ser franco y severo con el crimen, diré a usted,
diré a la nación, que tales irregularidades no eran ni podían ser una consecuencia del
corto tiempo en el cual se festinó el asunto: estas vejatorias omisiones, estos voluntarios
errores, eran el producto del fraude y la mala fe.
He aquí la prueba: la Comisión de Hacienda encargada de informar ante el Senado
sobre la conveniencia del arreglo Espinel-Mocatta aseguró, como consta en el documento
copiado en el acta de la sesión del 11 de noviembre que dejo insertada en la parte
correspondiente, que aquella, la Comisión de Hacienda, comparó el nuevo convenio
con el de Aguirre-Mocatta, adicionado y modificado por el Congreso de 1853: ¿es posible
suponer que en tan cortos documentos no se hubiere notado la omisión del artículo que
fija el plazo para el pago de los bonos ecuatorianos de la deuda extranjera consolidada?
Es indudable que sí. ¿Y por qué no lo dijeron?, ¿por qué no lo revelaron a una cámara
que conocía del convenio, sin parar mientes en los pormenores que precedían, ni en las
consecuencias del gravoso contrato? Si en esto no hay mala fe que venga Dios y lo diga;
y si a pesar del sigilo de la comisión fue conocida la existencia de este artículo por los
senadores, y éstos no abrieron discusión sobre él, caigan mis sospechas sobre todos ellos:
el Congreso de 1854 fue víctima del talento de Urvina: privadamente, con persuasivas
razones, llegó a convencer a Tirios y Troyanos de la conveniencia del arreglo. Urvina,
con su inteligencia y su verbosidad, podía hacer tanto como un hipnal: la tradición lo
cuenta.
Voy a comprobar, señor general, que bastaba el aumento de las £ 400.000 a la deuda
consolidada, según aparece que éste hubiera sido desaprobado por el Congreso de
1854, como fue el de Aguirre por el de 1853, esa Legislatura modificó dicho artículo,
separando de la deuda consolidada las £ 400.000 que representaban la graciosa y
aparente condonación, y que fueron nuevamente agregadas al fondo principal de las
21 y ½ unidades imputadas al Ecuador en la división de la antigua república, la Gran
Colombia.
El citado Art. 1 incluye en ese fondo “£ 400.000 que se reconocen en cambio de
la condonación de £ 1’00.000 de parte de los intereses vencidos”. Los tenedores de
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