ESTUDIO INTRODUCTORIO

246
Emilio María Terán
Si el Gobierno hubiera empleado esta suma en la compra de sus bonos que había
bajado hasta el 4%, habría amortizado gran parte de su deuda activa, por no decir toda,
aun teniendo en cuenta el alza progresiva que hubiera producido la demanda.
En 1877 Bolivia hizo un arreglo con sus acreedores británicos en virtud del cual
quedó libre de las obligaciones del empréstito de 8’000.000 de pesos contratado en
1871, con sólo la entrega de las £ 700.000 depositadas en el Banco de Inglaterra. Como
los bonos bolivianos se cotizaban a 18 o 19%, los acreedores se dieron por bien servidos
recibiendo algo más.
Comprar los nuestros por tercera mano habría sido más ventajoso; pero aunque
algunos creen que esto no hubiese sido reprensible (porque la baja era efecto de las
circunstancias y no de acto alguno del Gobierno ecuatoriano dirigido a deprimir sus
obligaciones ni menos del reprobado cálculo de especular con su propio descrédito),
no cabe duda que hubiera sido más decoroso presentar con lealtad a los acreedores un
cuadro fiel de la situación fiscal de la república y manifestarles que por una circunstancia
extraordinaria podía el Gobierno disponer de aquella suma habría resuelto emplearla en
la amortización de la deuda, por lo cual los tenedores podían presentar sus propuestas
cerradas y selladas para aceptar las más favorables.
El Gobierno se hubiera cubierto de honra con la rectitud de su procedimiento y
redimido gran parte del capital activo; pues conocidos son los resultados que se obtienen
en esas licitaciones para la amortización de una deuda pública, máxime cuando no se
pagan sus intereses, no se cotizan los vales, ni hay arreglo existente.
Después de concluida esta operación, se hubiera debido proceder a la celebración de
un convenio para amortizar lo restante de la deuda activa y de la diferida.
En vez de esta sencilla operación, que hubiera extinguido casi toda la deuda activa,
y de estipular en el convenio la gradual amortización de lo poco que hubiera quedado,
el Gobierno de Urvina aumentó la deuda activa en dos millones de pesos con la
capitalización de los intereses caídos, no señaló, ni previó en el contrato los medios
de amortizar aquel enorme capital y gravó eternamente a la nación con una deuda
consolidada, cuyos intereses iban siempre en aumento.
Los Estados, como los hombres, cuyos agregados son, necesitan de estímulo para
cumplir sus obligaciones. Por eso en los arreglos de la deuda pública de una nación, se
suele ofrecer a esta la perspectiva de su redención y dejarle entrever un término a sus
sacrificios para hacérselos llevaderos.
Todavía puedo alegar tales y tantas razones en contra del arreglo, que ellas acabarían
por hacernos llorar sangre si el remedio no estuviese en manos de la última transformación
política, cuyo caudillo tiene ya puestos sus ojos tanto en lo futuro como en lo pasado
de esta desgraciada república: la próxima administración está llamada a ofrecernos un
porvenir risueño, fundándose en un presente justiciero para el ayer que fue una eterna
noche de deshonor y vergüenza.