ESTUDIO INTRODUCTORIO

HISTORIA DE LA DEUDA EXTERNA DEL ECUADOR
que como el contrato Espinel-Mocatta fuera obra de escandalosa corrupción, “lo había
desconocido el Gobierno”, hablando por el de García Moreno, cuyos actos relativos a
este negociado fueron aprobados incondicionalmente por la susodicha Convención de
1869. Vale destacar que aquello de “desconocimiento del Gobierno” quería significarse
el de la república, no la aceptación del peculado, del fraude y la festinación. Finalmente,
el Ministro de Hacienda manifestó al Congreso de 1875 que el contrato Espinel-Mocatta
no subsistía en ninguna de sus partes; y era el parecer del mismo Salazar, emitido ante
el Congreso de 1888.Además, siendo este punto, como dejo expuesto, privativo del
conocimiento de la Legislatura y no del Consejo de Estado, no era éste competente para
interpretar la ley de un modo obligatorio.
Afirma Salazar en el informe sobredicho, como para fundar su opinión, que por no
haberse referido el Decreto de 1869 sino a la suspensión del pago de intereses y no al
convenio en general, el Gobierno del Ecuador trató en 1874 con los tenedores de bonos
y no con la compañía limitada. Hizo bien el Gobierno de García Moreno al entenderse
a ese respecto con sólo aquéllos, porque el contrato Espinel-Mocatta fue celebrado con
los tenedores de bonos, y no con la compañía limitada, que ni siquiera tenía existencia
jurídica a la época de las transacciones, ni el Ecuador había reconocido su carácter de
acreedor subrogado en los derechos de los tenedores de bonos de la deuda ecuatoriana
consolidada. Precisamente quizá ésta fue la causa para que García Moreno prescindiese
de dicha compañía.
Además de lo expuesto, hay otro motivo que justifica plenamente la conducta del
Gobierno de 1874. García Moreno quiso convertir la deuda extranjera sobre la base de
un empréstito y, para conseguirlo, pretendió estimular a los acreedores de la república
para que, en mira de sus intereses, contribuyesen a obtener el préstamo solicitado por el
Ecuador. Así pues, si éste se propuso convertir sólo la deuda consolidada y no la diferida,
¿para qué iba a golpear las puertas de la compañía de terrenos baldíos? ¿Y menos podía
el Gobierno entenderse con quien no contaba con prestigio para apoyarlo, ni capitales
para prestarle? La misma circunstancia alegada por Salazar demuestra con evidencia la
ruptura del contrato, cuya validez fue desconocida por el Estado.
Añade el Ministro de Hacienda que el arreglo celebrado en 1854 dividió en dos
categorías de títulos y formó dos entidades de acreedores, con el hecho de haber emitido
bonos consolidados y provisionales. No hay lógica, pero ni siquiera apariencia de razón
en las conclusiones del informante. Si el deudor, después de una liquidación de sus
créditos pasivos, entrega a su acreedor un vale por el capital y otro por los intereses,
¿se dirá lógicamente que se han generado dos personalidades diversas en el acreedor?
Bajo ningún concepto, aun cuando el dueño del vale por intereses hubiere cedido a un
tercero, a cualquier título.
Por otra parte, señor general, era preciso que Salazar, o mejor dicho el Consejo de
Estado, hubiese tomado en cuenta que la formación de la compañía limitada era un acto
meramente personal del acreedor, un hecho voluntario de los tenedores de bonos, que
en nada alteraba la naturaleza jurídica de las obligaciones del Ecuador. Ellos han podido
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