ESTUDIO INTRODUCTORIO

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Emilio María Terán
No encuentro explicación para la conducta de Salazar. Supuestos su carácter oficial
de Secretario de Estado y la circunstancia de haber sido hombre de mucha razón y
laborioso en materia rentísticas, como Ministro de Hacienda, debía saber lo que decía y,
como sujeto ilustrado, fundarse en los hechos prehistóricos, para obrar oficialmente en
un asunto de suyo delicado y fecundo en eso de arruinar la reputación de los magistrados.
De acuerdo al aparte segundo del Art. 1 del contrato Icaza-Pritchett inserto a fojas
306, el número de cuadras cuadradas que se debía dar a nuestros acreedores en las
posiciones sobre los ríos Solima, Atacames y Súa, era de 100.000 y no 200.000 cuadras
cuadradas, ofrecidas por el Ministro Salazar en la nota que antecede.
¿No leyó el ministro dicho convenio? Para proceder con conocimiento de causa, al
emitir su informe ante el Consejo de Estado, ¿no se ocupó en el estudio prolijo de los
antecedentes del negociado relativo a la deuda externa? Evidentemente que no. Por eso
no sabía Salazar qué resolver cuando Laurence le ofrecía los bonos en pago de nuestras
tierras baldías, que estaban calificadas ya como posesiones de la compañía limitada. Por
eso, un asunto por naturaleza contencioso, sujeto a la resolución del Poder Judicial, fue
definido por sí y ante sí. Por eso quería regalar a nuestros acreedores 100.000 cuadras
más de las debidas. La verdad es que desde el origen de nuestras obligaciones rentísticas
legadas por la Gran Colombia, se consumaba nuestra ruina por ignorancia de la materia.
Todos han procedido sin tanteo, sin explorar los hechos que determinaban nuestros
deberes, sin ningún conocimiento de los secretos financieros, en los cuales se ha envuelto
siempre el destino de la república. No quiero decir con esto que junto a esa ignorancia
no haya ido, en muchos casos, la mala fe de algunos de nuestros gobiernos. Si debo ser
imparcial, expresaré que, en mi concepto, sólo dos de nuestros gobernantes tuvieron, el
uno, algún conocimiento del asunto para defender los intereses de la nación, y el otro
más allá de cabal, pleno, plenísimo para perderlos: García Moreno y Antonio Flores,
respectivamente; a favor del segundo, no amerita ni siquiera la excusa de la ignorancia.
No sé, pues, a qué atribuir el manifiesto error del finado ministro Salazar.
Reanudando la relación sobre el prometido cumplimiento de Caamaño, en todo
aquello que decía relación al contrato Icaza-Pritchett, sucedió que tan luego como el
Gobierno del Perú tuviese conocimiento de las ofertas del Ecuador sobre tierras baldías,
se opuso a la adjudicación prometida, fundándose en que no estaban aún fijados los
límites territoriales entre las dos repúblicas, y que al llevarse a cabo la posesión de los
acreedores británicos del lote señalado en Canelos, podría el Ecuador lesionar derechos
del Perú. Para evitar naturalmente nuevas controversias internacionales, el Ministro
de Relaciones Exteriores, Espinosa, dirigió al personero de la compañía residente en
Guayaquil, la siguiente comunicación: