ESTUDIO INTRODUCTORIO

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Emilio María Terán
hacer de su capa un sayo, como suele decirse, sin que por eso se entienda cambiados los
deberes de la república; la formación de la compañía valía tanto como si diez o veinte
acreedores hiciesen sociedad para perseguir el pago de su deuda o, lo que es lo mismo, el
cumplimiento de las obligaciones contraídas a favor suyo.
El informe también se ocupa de resolver el asunto prescripción del derecho de la
compañía a obtener los terrenos baldíos, cuya posesión no la había adquirido hasta el 4
de octubre de 1886.
Las razones alegadas por el ministro Salazar no honrarían a un leguleyo de aldea,
supuesta la letra del convenio Espinel-Mocatta, en la parte referente al plazo prefijado
para que nuestros acreedores tomasen posesión de dichos terrenos.
Salazar informa –y esto le sirvió de fundamento al Consejo de Estado– que no
puede aplicarse “la prescripción penal” del Art. 26 del contrato Mocatta, porque dos
años antes de que expirase el término acordado, dirigió la compañía al Gobierno del
Ecuador las notas dadas a luz en las páginas correspondientes de este estudio. Dichas
comunicaciones tienen por objeto recordar al Gobierno el derecho de la compañía
para solicitar, como en efecto solicitaron, la posesión de los lotes puntualizado en el
convenio Icaza y Pritchett. Preciso es decir que se ignora si las tales comunicaciones
llegaron o no al Gobierno, y que Salazar se fundó únicamente en las copias enviadas por
la parte interesada a fines de 1884.
Con este antecedente examinemos, si el parecer del Ministro ante el Consejo de
Estado está conforme con las estipulaciones y, si por lo mismo, la prescripción alegada
tenía o no razón de ser. El Art. 26 antes citado dice:
Los tenedores de bonos sólo tienen el término de 25 años (desde la aprobación de
ese arreglo) para pedir y tomar posesión de los terrenos baldíos que se les hipoteca. Si los
tenedores de bonos no toman los terrenos baldíos dentro del término señalado en este
artículo, perderán su derecho, y quedarán cancelados (los bonos) con los que debían
hacerse estas adquisiciones.
Los 25 años fijados en el artículo anterior como lapso de tiempo, no se acordó para
que sólo dentro de él se pidiese la posesión de los terrenos baldíos, sino también para
que lo tomasen; es decir, para que, mediante actos positivos a que sólo el dominio da
derecho, tengan esos terrenos materialmente como señores y dueños de ellos. 25 años
para pedir y tomar la posesión; ¿la pidieron? doy por hecho que sí. Suponiendo que
la solicitudes de la compañía dirigidas en 1879, hubiesen llegado, ¿tomaron posesión
de alguno de los lotes? No, ni hasta el año de 1886; pero ni siquiera se posesionó la
compañía del lote de El Pailón, como el propio ministro Salazar lo afirma ante el Consejo
de Estado: “Como los acreedores, hablando de la escritura celebrada con Parys Moreno,
no consignaron los bonos provisionales land warrants, hubo de suspenderse la entrega”.
Pedir la posesión es hecho bien diferente del de poseer una cosa; y el Art. 26 concede los