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nacional, y se suprimieron los grados en el ejército. El sentido de las medidas era claro:
proveer de armas a los ciudadanos ricos que las podían comprar y sacar de la milicia a
los oficiales vinculados con los sectores populares. La respuesta no tardó y como
Obando vacilase, José María Melo, militar de carrera dio un golpe de Estado en 1854
con el apoyo de los artesanos, de sectores populares y de los oficiales a quienes en esa
forma se pretendía sustituir.
En el lustro anterior la disputa entre liberales y conservadores había sido de una
rara intensidad. En 1851, incluso, se había dado entre ellos una guerra civil. Pero ante el
peligro de clase, conservadores y liberales gólgotas se unieron en “defensa de la
legalidad”. En los cuatro costados de la República se crearon ejércitos de generales
liberales y conservadores que convergieron sobre el centro del país hasta tomarse a
Bogotá. La masacre fue en forma y los artesanos supervivientes fueron a morir
desterrados a orillas del río Changres en Panamá. Fue este el inicio de una práctica
reiterada de Frente Nacional expresada en la unión de oligarquías liberales y
conservadoras contra las acciones populares. Así mismo, y desde los comienzos de su
existencia, el liberalismo se escindió conservando una aparente unidad y haciendo valer
siempre, de grado o por la fuerza, los intereses de los sectores dominantes.
El problema religioso
El llamado problema religioso fue el real punto de separación entre el liberalismo
y el conservatismo. Por él se disputaron ambas agrupaciones y en las guerras civiles
este asunto estuvo siempre presente. Sin embargo, tras del “problema religioso”, que de
por si debiera tener un simple carácter metafísico, se escondían intereses de propiedad
y de poder. La Iglesia Católica fue una institución poderosa durante el período colonial. A
ella estaba encomendada la evangelización, es decir, la aculturación e introyección de la
dominación a los indígenas. Además, por legados y donaciones de fieles piadosos, la
iglesia había llegado a poseer una inmensa fortuna territorial, que estaba inmovilizada
para la circulación económica, debido a la legislación que favorecía la adquisición pero
que entrababa la enajenación. Las relaciones entre la Corona y la Iglesia habían estado
reguladas por el Patronato eclesiástico, que era un conjunto de prerrogativas cedido por
los Papas a los Reyes. Según el Patronato, el Estado Español daba los nombres de los
prelados que el Papa debía nombrar, designaba los curas párrocos, percibía los diezmos
eclesiásticos, autorizaba la fundación de Iglesias y la demarcación de diócesis y
parroquias y pagaba a prelados y curas, los cuales, por la procedencia de su
nombramiento, por las leyes vigentes y por el origen de su estipendio, eran
prácticamente funcionarios estatales con un cierto grado de subordinación. En el período
colonial la Iglesia Católica monopolizaba la enseñanza.
Al producirse la emancipación, las autoridades republicanas, como sucesoras del
poder de los Reyes de España, reivindicaron el ejercicio del Patronato. La Santa Sede
implícitamente autorizó esta situación y entre los hombres públicos de la Nueva Granada
prácticamente hubo unanimidad sobre el ejercicio de esta prerrogativa estatal, hasta