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nacionales e internacionales hará de Colombia la vitrina de la alianza, pues tiene
aprobado legislativamente su estatuto de reforma agraria en 1961, un año después de la
conferencia de Punta del Este, la cual traza la estrategia reformista en el continente.
La reforma agraria colombiana hace bien poco por impulsar la vía democrática de
desarrollo capitalista en el campo. La alianza de clases que diseña y aprueba la reforma
excluye cualquier representación del campesinado. Tal bloque está compuesto por
sectores modernos como financistas cafeteros, industriales y algunos sectores
empresariales del campo. Se oponen a la reforma los representantes más recalcitrantes
de la renta territorial, como son algunas fracciones del Partido Conservador (en
particular Alvaro Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez) y la Anapo,
todavía no conformada como movimiento que sigue a Rojas Pinilla y que se desarrollará
ampliamente durante los años 60, pero que incluye este tipo de sectores.
La reforma es justificada en el plano ideológico como cura a los problemas de
estancamiento industrial que plagan al país desde 1957; se habla de una insuficiencia
del mercado interno y de fallas “estructurales” de la agricultura problemas ambos que
pueden ser resueltos favorablemente con la redistribución de la propiedad agraria y la
creación de una importante clase media rural, lo cual a su vez sentará bases firmes para
una verdadera democracia parlamentaria en Colombia.
Los términos para la reforma son moderados para los terratenientes aunque no
deja de molestarlos. La expropiación requiere de largos trámites e indemniza en base a
avalúos generosos, pero utiliza un sistema de pago no muy líquido que proteje poco a
los afectados de la inflación que por estos años ronda en niveles bastante altos. Los
verdaderos términos de la reforma están dados por el hecho de que se necesitarán
varias decenas de veces el presupuesto nacional para adquirir las 13 millones de
hectáreas que monopolizaban unos 8.000 individuos en 1970, según censo
agropecuario de ese año. El censo mostraba además de que había 1.000 explotaciones
de más de 2.000 hectáreas de extensión que ocupaban el 25% del área agropecuaria
del país, en tanto que los campesinos con menos de 10 hectáreas tenían sólo el 7.5%
del mismo área en uso.
El nuevo estatuto establecía que la tierra debía ser catalogada como
“inadecuadamente explotada” para poder ser expropiada. Fuera de la largueza conque
se podía juzgar lo adecuado o no en la explotación de una determinada hacienda, la ley
hacia difícil intervenir al Instituto de Reforma Agraria (Incora), doquiera que el capital
había organizado la producción agrícola. Evidentemente, el Incora no intervino ninguna
región de agricultura comercial y una vez que lo intentó en la región de Jamundí, en el
Valle del Cauca, la oposición fue tan irascible que la medida fue suspendida sobre la
mayor parte de las tierras que iban a ser afectadas.
La política de titulación de baldíos del Incora fue un poco diferente a la de
expropiación, porque la presión sobre la frontera agrícola aumentó considerablemente
con los emigrados de la guerra. La reversión al Estado de las tierras en propiedad pero
no habilitadas, entró a operar ahora con mayor plenitud que en los intentos reformistas