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estabilidad democrática depende, en gran medida, de la fluidez y eficacia con que el
Estado atienda en el futuro la prestación de los servicios públicos fundamentales.
Así, en aquellos servicios que constituyen la razón esencial de la existencia del
Estado, se abre un amplio consenso en el sentido de que son servicios que no pueden
ser objeto de privatización. En esta órbita están la defensa, la justicia, y la seguridad
ciudadana. Pero en aquellas actividades donde es factible y deseable que la presencia
del sector privado contribuya a ampliar la cobertura y a mejorar la eficiencia en la
operación y prestación de los servicios, surgen cuatro tendencias que se van marcando
hacia el futuro:
—Los sectores que históricamente se han constituido como un monopolio natural o
que presentan condiciones de economías de escala o indivisibilidades de producción, es
muy probable que continúen en manos del Estado en el curso de la presente década, tal
como se tiene previsto en la actualidad para servicios como el acueducto, la energía y la
telefonía básica. Pero a medida que el cambio tecnológico vaya haciendo posible la
producción en menor escala, entonces será inevitable la desregulación del monopolio
estatal, para permitir una mayor competencia del sector privado en la provisión de
servicios específicos.
—Existen otros campos donde la presencia del sector privado es amplia como
consecuencia de vacíos de la acción estatal que han empezado a ser cubiertos por los
particulares. Tal es el caso de la educación, la salud y el transporte sectores en los
cuales la tendencia hacia la privatización, que hoy es una realidad, se consolidará hacia
el futuro próximo como mecanismo de ampliación de la cobertura en estos servicios. Sin
embargo, el Estado deberá recuperar en ellos un papel decisivo en la provisión y
orientación de políticas, si se aspira a consolidar el esquema de internacionalización de
la economía, bajo los criterios de garantizar una mayor competitividad, en el caso del
transporte y promover el “capital humano”, en los casos específicos de la salud y la
educación.
—En aquellos servicios donde existen actividades susceptibles de ser contratadas
con el sector privado, para garantizar una mayor eficiencia en su provisión, se ampliarán
en el futuro las posibilidades de participación del sector privado y de la comunidad
organizada, sin que el Estado pierda por ello capacidad de tutela y control sobre tarifas y
políticas de prestación del servicio. La privatización en la recolección de las basuras, la
reparación y mantenimiento de equipos y vehículos oficiales, la autoconstrucción en
obras menores en acueductos y alcantarillados, y la construcción de aulas escolares,
son ejemplos de la consolidación de esta tendencia.
—En aquellas empresas que ofrecen servicios de importancia estratégica para el
país, pero que han evidenciado grandes problemas de ineficiencia operativa y
administrativa, convirtiéndose en obstáculos para el desarrollo de otras actividades,
empieza a consolidarse una tendencia hacia la privatización parcial o total del servicio,
ante la imposibilidad del Estado para provocar su reestructuración. Tal es el caso de los
ferrocarriles, los puertos y la seguridad social 159 .