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López se encontró con los efectos de dieciséis años de crecido gasto público en el
fomento del desarrollo capitalista y la integración de amplios sectores de la sociedad.
Por ello, la orientación de la política económica estabilizadora se ocupó más del plano
interno que del externo. La reducción del déficit fiscal y la inflación fueron las metas. Al
mismo tiempo, se acentuó la tenue tendencia neoliberal del gobierno anterior. La
disminución del fomento hubiera podido compensarse por medio de un manejo distinto
de la bonanza en los precios internacionales del café surgida a mediados de 1975. El
Presidente fue reticente a la socialización del excedente de las exportaciones. El café,
eje de la modernización del país y base del surgimiento de la burguesía más mimada por
el Estado y del gremio más poderoso del país77, hubiese podido ser un remedio
adecuado para compensar las limitaciones económicas que se vivieron. Con el lema “la
bonanza es de los cafeteros”, el presidente López Michelsen ratificaba, quizás, el origen
de la fortuna de su familia78.
Adicionalmente a la orientación elitista, reflejada también en la composición social
de su gabinete, en el año 75 se promulgó la Ley 6ª que respaldaba el proceso de
concentración de tierras al favorecer a los terratenientes en sus conflictos con los
campesinos, provocados por las difundidas relaciones de aparcería. Y para no dejar
dudas sobre la muerte real de la Reforma Agraria, se crearon como sus sustitutos el
Programa de Desarrollo Rural Integrado, DRI, y el Plan de Alimentación y Nutrición,
PAN. Estos programas tuvieron su origen en los planes desarrollistas ideados
internacionalmente por agencias multilaterales79.
A pesar del rígido legado recibido de sus antecesores, el gobierno de López fue
decisivo para proyectar las reglas del juego político subsiguiente. Perdió la oportunidad
de lanzar medidas redistributivas en el campo de la política económica. Aparte de
negativa al uso social de la bonanza cafetera, en momentos en que era necesario dada
la crisis fiscal que encontró, la amplia reforma tributaria de 1974 gravó tímidamente al
capital y a los grupos de altos ingresos. Al igual que el resto de las reformas tributarias
ejecutadas desde 1960, su dinámica de recaudación de ingresos estatales perdió fuerza
a los pocos años. La ausencia de reformas efectivas en el campo económico durante “el
gobierno de la esperanza” determinó que, con la estructura actual, el Estado colombiano
difícilmente pueda hacer del desarrollo capitalista un proyecto político de carácter
nacional.
Pero si en el campo económico no se logró dar el vuelco que requerían las
necesidades, en el plano puramente político ocurrió otro tanto. El gobierno fue fiel
intérprete del parágrafo del ordinal primero del artículo 120 de la Constitución nacido de
la Reforma del 68. “La participación justa y equitativa del segundo partido en votación” la
concedió a su rival electoral, Alvaro Gómez Hurtado, lanzando a los oficialismos llerista y
ospinista a la oposición. Fue la ratificación oficial de la fragmentación bipartidista y de la
prolongación de hecho de la convivencia del Frente Nacional. Al sistema político se le
abría el camino para hacer compatibles un régimen limitado en la participación ciudadana
con los adversos legados frentenacionalistas como la profesionalización de la clase
política.