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“Abolición de la esclavitud;
libertad absoluta de imprenta y de palabra;
libertad religiosa;
libertad de enseñanza;
libertad de industria y comercio, inclusive el de armamentos y municiones;
desafuero eclesiástico;
sufragio universal directo y secreto;
supresión de la pena de muerte, y dulcificación de los castigos;
abolición de la prisión por deuda;
juicio por jurados;
disminución de las funciones del ejecutivo;
fortalecimiento de las provincias;
abolición de los monopolios, de los diezmos y de los censos;
libre cambio;
impuesto único y directo;
abolición del ejército;
expulsión de los jesuitas”4.
A ellas habría que agregar las medidas llevadas a cabo sobre la propiedad
territorial: supresión de resguardos y ejidos, y abolición de los bienes de manos muertas
efectuada durante el segundo gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, en el año de
1861. Las medidas en su conjunto estaban destinadas a debilitar el estado existente, “el
Estado colonial”, para sustituirlo por otro más acorde con las nuevas realidades del
capitalismo mundial de libre competencia y con los intereses de los sectores
comerciantes que pugnaban por el control del poder. La rebaja de los aranceles ligaba
los intereses de los comerciantes con los del comercio mundial y al igual que la abolición
del estanco y de los diezmos, contribuía a suprimir las fuentes tradicionales de
financiación del Estado. Una reforma fiscal en tal sentido, haría que en adelante el
Estado dependiera de los impuestos directos y de las nuevas rentas que produjera el
comercio acrecido por la suspensión de monopolios. El Estado se “debilitaba” dentro del
nuevo contexto que le atribuía nuevas funciones; se disminuía el poder del ejecutivo; se
fortalecían el parlamento y las provincias hasta dar paso al federalismo; se acudía al
sufragio universal (Constitución de 1853); se abolía el ejército tradicional compuesto por
oficiales de carrera; se suprimía el patronato eclesiástico que prácticamente convertía a
los clérigos en funcionarios estatales y se reglaba la relación con la Iglesia por una
separación entre ella y el Estado, a la par que se la despojaba del monopolio de la
educación.
Las reformas económicas tenían un sentido: ampliar el mercado, volver mercancía
la tierra y la fuerza de trabajo; de allí la supresión de trabas, la liquidación de resguardos
y ejidos, la expropiación de bienes eclesiásticos para convertir la tierra en libremente
negociable. De allí también la abolición de la esclavitud, la liberación a los indígenas de
sus tierras y la conversión de toda esta masa en un mercado libre de fuerza de trabajo.
Para tal situación lo más adecuado era una ideología igualitaria y utilitarista que