1 PORTADA COLOMBIA HOY - Comunidad Andina

9
todavía una guerra más para reconocer la nueva realidad, la Constitución de 1886, al
eliminar el federalismo, hacía prácticamente imbatible el gobierno en una guerra civil: sin
fuertes bases de poder regional, nadie podía ya competir con el gobierno central en
cuanto a armamento, recursos financieros y posibilidades de reclutamiento.
La derrota liberal acentuó la persecución a los miembros de ese partido y llevó,
en las filas conservadoras, a una creciente división entre partidarios del gobierno o
nacionalistas y opositores o conservadores históricos. Estos se habían fortalecido con
los descontentos con el gobierno y habían formulado objeciones fundamentales a ciertas
políticas de la regeneración; pedían entre otras cosas, la adopción de leyes de prensa y
elecciones menos represivas, la suspensión de las facultades extraordinarias del
Presidente y el abandono de la política aduanera de altas tarifas proteccionistas. A
comienzos de 1896 un vigoroso manifiesto firmado por los históricos y redactado por
Carlos Martínez Silva, sancionó la ruptura de este sector con el Presidente Caro. En esta
actitud, fuera de el lógico desengaño de los conservadores a quienes no les alcanzaba
su cuota de empleo a costa del presupuesto nacional, había algo más sólido: la
desilusión de un importante sector de la clase dirigente, que había estado entre los más
vigorosos partidarios de la regeneración, pero que advertía que no se había logrado una
paz sólida, se irritaba por la inmoralidad creciente de la administración, que se había
convertido en dispensadora de favores económicos hasta constituir, según la expresión
de la época, una verdadera “compañía industrial”, y objetaba los elementos básicos de la
política económica regeneradora. Típicos representantes de esta actitud fueron los
conservadores antioqueños, que constituyeron el núcleo más fiel del “historicismo” y que
representaban en forma más clara una actitud de pragmatismo político, de interés por el
simple desarrollo de la riqueza y de fastidio por un Estado que perturbaba la actividad
privada con sus medidas proteccionistas y sus manipulaciones monetarias.
En 1898 el presidente en ejercicio, José Manuel Marroquín, sorprendió al país
apoyando las reformas solicitadas por “históricos” y liberales: derogatoria de la ley de
facultades extraordinarias, que permitía al presidente desterrar o confinar a los que
perturbaran el orden, adopción de una ley de prensa y de un sistema electoral que
condujera a cierta pureza del sufragio. Ante el riesgo de que estas reformas se
aprobaran, el Presidente titular Manuel Antonio Sanclemente decidió posesionarse de un
cargo, acto que tuvo que cumplir ante la Corte Suprema de Justicia por la renuencia del
Congreso a admitirlo.
Las reformas se detuvieron y con ello otra vez los sectores pacifistas del
liberalismo encabezados por el ex Presidente Aquileo Parra, y, entre quienes dominaba
el sector empresarial liberal, tuvieron que ceder ante la presión guerrera de los
seguidores de Rafael Uribe Uribe. Estos, entre quienes parece haber sido preponderante
la juventud y los profesionales liberales, especialmente abogados, confiaban en un fácil
triunfo contra el gobierno dirigido por un débil anciano que había perdido el apoyo de la
mayoría de sus copartidarios.