1 PORTADA COLOMBIA HOY - Comunidad Andina

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una refriega indecisa entre la audacia y la cautela. Solamente en lo relativo a la libertad
de enseñanza y de conciencia, rompió, como se dijo con frase afortunada, una vértebra
al estatuto. Sin embargo, se promovió desde fuera del Congreso una reacción
amenazante y se habló de desconocer el imperio de la legislación. Se le tachó de
comunista, de disolvente de la sociedad colombiana, de atea, de corruptora... Lo cierto
es que en el Congreso homogéneo se fue descubriendo, a medida que avanzaba el
estudio, que no había ningún anhelo popular representado en las Cámaras, ni fuera de
ellas, exigiendo imperativamente que la conformación política y la organización del
Estado se sustituya por otra...”.
En medio de una tormenta oratoria y de una violenta oposición, las discusiones
sobre la reforma constitucional, en síntesis, confluyeron en lo siguiente: en retocar la
Constitución de 1886 en lo referente al derecho de propiedad, en autorizar al Estado
para intervenir en la empresa pública o privada “con el fin de racionalizar la producción,
distribución y consumo”, y en suprimir ciertos artículos confesionales del estatuto de
1886, es decir, lo que anotaba el Presidente López, laicizar un poco el Estado. Para
lograr ésto, el liberalismo logró concitar el apoyo popular y de las organizaciones de
izquierda, las que en un marco declarado de Frente Popular, y bajo el lema
gubernamental de “Revolución en Marcha”, se lanzaron a las calles a manifestar su
apoyo al “Gobierno revolucionario liberal”.
La Constitución de 1886 reconocía la propiedad privada y establecía que por
motivos de “utilidad pública”, el interés privado debería ceder al interés público y decía
también que cuando por motivos de “utilidad pública” hubiera lugar a enajenación
forzosa “se indemnizará el valor de la propiedad, antes de verificar la expropiación” La
reforma consistía en equiparar el concepto de utilidad pública con el de interés social, en
establecer que la ley podía autorizar la enajenación forzosa no sólo por motivos de
utilidad pública sino de interés social y en facultar al legislador para que determinara
cómo debía hacerse la indemnización. Por estas modificaciones los enemigos de la
reforma la llamaron bolchevique y socialista.
En conexión con el anterior se introdujo un artículo que facultaba al Estado para
intervenir en la vida económica y en los conflictos obrero patronales. Decía éste: “El
Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de industrias o empresas
públicas y privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de la
riqueza, o de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho”. Para que no
quedara duda del sentido de la norma constitucional se insertó en el acta la exposición
que un Senador hizo sobre el concepto de racionalización: “Hubo una vez un industrial
angloamericano que fue un gran observador. Vivió casi incomprendido, murió en 1915 y
se llamó Taylor. Sus observaciones fueron un conjunto de experiencias y deducciones
sagaces, que han merecido el nombre de taylorismo, o sea: ciencia de la organización
del trabajo. Desde el cálculo del peso de la herramienta que proporciona menos fatiga y
da más rendimiento, y la medida del período de descanso del obrero que ha de
aumentar su producción, se ha remontado la aplicación de estos principios, hasta el
funcionamiento de los órganos del Estado y ha constituido ya un motivo de preocupación
internacional... Ved, pues, Honorables Senadores, que no podemos negar al Gobierno