1 PORTADA COLOMBIA HOY - Comunidad Andina

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mecanismos de indemnización, todo lo cual hace la expropiación territorial poco menos
que imposible. La Ley 4ª en último término, apunta a precisar (en cuanto para eludir la
expropiación se deben cumplir un mínimo de productividad y de ganancia) cuál es el tipo
de explotación capitalista del campo en el que piensa la burguesía. La Ley 5ª, por su
parte, establece mecanismos de capitalización del sector agrario, reestructurando los
mecanismos de crédito y procurando la transferencia masiva de recursos de capital al
campo, apuntalando así su modernización y garantizando la eficiencia productiva
mediante el aprovechamiento de la tierra y del trabajo asalariado.
Para complementar y consolidar aún más el desarrollo del campo por la vía de la
gran propiedad capitalista, se expide finalmente la ley de aparcería (Ley sexta de 1975),
buscando con ello, en lo esencial, impulsar la transición de aquellas modalidades
precapitalistas aún subsistentes y en proceso de disolución, hacia formas plenamente
capitalistas, legislando para distintas situaciones según los diferentes estudios de
desarrollo que presenta la gran propiedad, promoviendo la habilitación de tierras en las
regiones menos desarrolladas y asegurando a través de la aparcería (modalidad en la
cual, según la ley, el aparcero aparece como tal o a veces como asalariado según las
funciones que desempeñe en la explotación) la fuerza de trabajo permanente para la
explotación, mediante la asignación de parcelas de pan coger en número y extensión
proporcionales al tamaño de la explotación agrícola.
Como se ve, la evolución real de la política agraria de los últimos años apunta
claramente a la consolidación del desarrollo de la gran propiedad capitalista, evolución
que como ya hicimos notar, se corresponde con las necesidades de producir bienes
agrícolas exportables y materias primas para la industria de exportación en condiciones
que garanticen la competitividad internacional, tanto respecto a la productividad, como a
la explotación de la mano de obra. Veremos después cómo el reciente programa de
Desarrollo Rural Integrado (DRI), pese a su preocupación por la pequeña propiedad,
apunta en el mismo sentido.
El campo que dentro de las preocupaciones de la burguesía había ocupado la
cuestión agraria y el problema del desempleo en la década del sesenta, sería ocupado
en la década del setenta por la inflación, la cual, sin provocar divergencias de opinión tan
amplias como las suscitadas por los problemas anteriores, pondrá de manifiesto el
nuevo tipo de contradicciones generadas por el desarrollo exportador.
Si bien, como se indicó atrás, la economía colombiana ha estado sometida a
permanentes presiones inflacionarias desde 1950, ellas fueron relativamente moderadas
hasta 1970. A partir de este año, empiezan a observarse ascensos progresivos del nivel
de precios: en 1971 la inflación se estimaba en 17.5%; en 1972 en 29.2%; en 1973 en
35.2% moderándose ligeramente en 1975 y 1976 hasta llegar al desborde inflacionario
del primer semestre de 1977.
La continuada aceleración del ritmo inflacionario, encuentra su causa
fundamental en una incontrolada expansión de oferta monetaria, lo cual no constituye
otra cosa que la exacerbación de los efectos de la política monetaria, encaminada aún