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democracia y bien intencionado benefactor del pueblo obrero”. (Declaración del
Directorio Municipal Socialista de Bogotá). El candidato Herrera no triunfó, en su
mayoría las masas volvieron al partido liberal, y el partido socialista se desintegró. Acto
seguido el liberalismo convocó una Convención Nacional que se reunió en Ibagué el 29
de marzo de 1922. En ella acogió programáticamente las reivindicaciones laborales
esbozadas durante la campaña presidencial.
La república liberal 1930-1946
El régimen conservador se derrumbó y el partido liberal llegó al Gobierno
discretamente, a través de un movimiento denominado “Concentración Nacional”, de
composición bipartidista, que lentamente derivó hacia la hegemonía liberal. El Gobierno
de transición lo presidió Olaya Herrera (1930-1934), quien gerenció la crisis y consumó
la entrega de los petróleos colombianos. Fue en el primer gobierno de Alfonso López
Pumarejo (1934-1938), durante la “Revolución en Marcha” cuando el partido liberal
emprendió una serie de reformas para adecuar el estado a las nuevas situaciones
económicas y sociales. La política emprendida por este Gobierno marcó la fisonomía del
liberalismo y le permitió captar el movimiento inconforme: intelectual, agrario y sindical.
El papel de captación fue jugado por medio de la “institucionalización”, es decir, a través
de modificaciones constitucionales y legales que encuadraron la nueva problemática
dentro de un marco jurídico. La vértebra fue la reforma Constitucional de 1936, uno de
los pilares operativos, la reforma tributaria, y los medios de captación fueron, para los
intelectuales inconformes, la posibilidad de perorar en los sillones burocráticos, y para
los campesinos y obreros, la intervención estatal y una tímida legislación.
La economía del país había dado un vuelco en los tres primeros decenios del
siglo XX. La estructura agraria había sufrido fuertes transformaciones y la legislación
tradicional no contemplaba instrumentalmente las nuevas situaciones conflictivas que
por esta causa derivaban en un tratamiento de Código Penal y de Policía. Al presentarse
la crisis de 1929, el país contaba con una industria liviana básicamente ya instalada y el
Estado requería de instrumentos de intervención para regular la nueva situación
económica derivada de la industrialización y de herramientas legales para encausar los
conflictos obrero-patronales, impidiendo que éstos tomaran un giro subversivo.
Cuando vino la avalancha de dinero norteamericano, durante el gobierno
conservador del General Pedro Nel Ospina (1922-1926), se dieron algunos pasos de
adecuación del Estado para el manejo económico. Bajo las instrucciones de unos
enviados norteamericanos, la Misión Kemmerer, se habían regulado los sistemas
bancarios y monetarios por medio de la fundación de un banco estatal, el Banco de la
República. Pero aún faltaba una adecuación más amplia que permitiera al Estado
intervenir, sobre todo en favor del desarrollo industrial que ya se esbozaba, y que le
suministrará los medios económicos para intervenir. El Estado estaba financiado casi
exclusivamente por impuestos indirectos y su presupuesto era magro. En 1914, el 98.7%
de los impuestos era de ese origen, y todavía en 1928 el 92% de los ingresos estatales
tenía esa procedencia. Si el Estado quería actuar en la vida económica y no