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La Reforma constitucional de 1968, en lo pertinente a la política económica,
ampliaba notablemente las facultades de intervención estatal. Muchas de las funciones
que antes descansaban en el legislativo, pasaban a confiarse al ejecutivo, centralizando
en éste un mayor poder decisorio y agilizando el manejo de los instrumentos de
intervención. La planificación de la economía adquiría fuerza de Ley, las orientaciones
respecto del Banco Emisor y del ahorro privado que antes eran privativas del legislativo
correspondiéndole al ejecutivo la labor de inspección, pasaban ahora a ésta,
facultándolo para la intervención ejercida como atribución constitucional propia en tanto
que suprema autoridad administrativa, se le facultaba igualmente para organizar o
reformar las disposiciones cambiarias internacionales y todos los aspectos relativos al
comercio exterior, aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de
aduanas sin esperar los trámites legislativos para la ejecución de las disposiciones. Se
convirtió, además, la Junta Monetaria en la fuente principal de las facultades monetarias
del estado, se concedió igualmente al ejecutivo mayor autonomía en materia tributaria y
se le facultó para agilizar el manejo de los recursos fiscales y la ejecución presupuestal.
Por otra parte, se convirtieron algunas de las entidades públicas, sobre todo
aquellas que tienen a su cargo las inversiones estatales, en “institutos descentralizados”,
quedando así las empresas industriales del estado convertidas en entidades
jurídicamente autónomas y económicamente semipúblicas en tanto funcionaran con
fondos estatales y fondos privados, siendo el ejecutivo la suprema autoridad
administrativa de ellas.
Esta reforma permitirá a la gestión estatal un control aún más estricto de la
balanza de pagos, de las emisiones monetarias y del sistema de crédito, lo que se
reflejaría en primer término, en un fortalecimiento de las funciones de la Junta Monetaria
(creada en 1963 para centralizar en ella todo el conjunto de la política monetaria)
confiándole la regulación general de los cambios internacionales, de los cupos de
crédito, de las tasas de interés, el control de las operaciones de los intermediarios
financieros etc., y, en segundo término, el fortalecimiento o creación de los fondos
financieros (agrario, industrial, de desarrollo urbano etc.), centralizando en ellos tanto los
instrumentos financieros como los fondos provenientes del endeudamiento externo, al
tiempo que las inversiones públicas de fomento se convertirán en una operación
financiera manejada casi con los mismos criterios que los de las inversiones privadas, a
través de estos fondos o de los institutos descentralizados. Este ordenamiento
constitucional permitirá, sin duda, avanzar en el capitalismo de estado, aunque situado
éste, ciertamente, en la esfera de circulación de dinero y capitales encauzando las
fuerzas que se mueven dentro del aparato productivo sin afectarlas de manera directa.
Aún así, ello permitiría modificar el terreno en que se desenvuelve la aplicación de la
política económica, que se enfrentaba ahora a los mismos problemas de la década
anterior pero concebidos y manejados en una perspectiva distinta.
En efecto, aunque el desempleo y hasta cierto punto el problema agrario
mantenían su vigencia 31 , tendían en todo caso a perder importancia a los ojos de la
burguesía. La visión predominantemente reformista del problema agrario durante la