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finalizado el mandato constitucional del Frente Nacional en 1974 y transcurridos los
cuatro años del gobierno del presidente López. Esas características, funcionales para el
tipo de capitalismo que se desarrolló, le dieron al Estado una alta capacidad para
reproducirse, a costa de un futuro explosivo. La estabilidad de los sistemas económico y
político, apoyada en la rigidez de la distribución de bienes y servicios y en un sistema de
poder cerrado y circular, contrastaba con la diversidad de las fuerzas de la sociedad y su
necesidad de construir espacios económicos, sociales y políticos para crecer y
legitimarse. Este contraste proyectó un proceso político en el cual se desbordaron los
conflictos y se incubó una crisis que desembocó en 1990 en una coyuntura similar a la
del gobierno López, es decir, decisiva para definir el porvenir de la sociedad.
Los tres gobiernos que transcurrieron entre 1978 y 1990 (Julio César Turbay Ayala,
Belisario Betancur y Virgilio Barco) enmarcan el desarrollo de una crisis política
planteada con anterioridad. A manera dialéctica, a medida que se buscaron soluciones
se profundizó la crisis hasta desembocar en una coyuntura en la que afloraron a la
superficie condiciones favorables para su eventual definición. Cada uno de esos
gobiernos representó un modelo diferente de solución condicionado por el fracaso del
anterior. Al modelo represivo del presidente Turbay se contrapuso el del diálogo de
Betancur, y a éste el de la mano tendida y el pulso firme del mandatario Barco. Todos y
cada uno de ellos estuvieron cruzados por el desborde violento de los conflictos y en
todos se buscó acomodo dentro de un estado que la mayoría de los grupos dominantes
estima inmodificable92.
Las medidas de equilibrio que se tomaron a lo largo de doce años para ajustar las
fisuras de la rígida estructura estatal fueron la base para que al final hiciera erupción un
larvado cuestionamiento de las reglas del juego político por parte de diversos sectores
sociales. En el proceso sobresale el sorpresivo resultado de la simbiosis entre intereses
económicos y políticos dominantes: continuidad, con leves altibajos, de la estabilidad
económica, en contraste con la desequilibrada barahúnda política. “A la economía le va
bien y al país le va mal” fue la frase que el Presidente de la Asociación Nacional de
Industriales, ANDI, pronunció en 1987, en medio de cientos de asesinatos, en remedo
de una sentencia similar que un predecesor suyo había pronunciado 38 años antes, en
pleno furor de la violencia. El efecto de demostración del equilibrio y el crecimiento de
una economía dominante rodeada de años de miseria y violencia, fue un importante
catalizador para la formación de la conciencia ciudadana que impulsó la coyuntura de
1990.
El férreo control de la administración del Estado por parte del atomizado
bipartidismo contrastaba con su pérdida de fuerza en el contexto de la débil sociedad
civil. La fragilidad de los partidos se disimulaba con su presencia dominante en las lides
electorales,93 reflejo de su manejo del sistema, lo que retardó la percepción y la
aceptación de la crisis por parte de jefes políticos y dirigentes económicos que se creían
dueños del destino nacional. Ya en los años ochenta, aun eran pocos los políticos
profesionales que se daban cuenta de que algo andaba mal en casa. Incluso, muchos de
ellos alcanzaron a llegar a 1990 pensando en la eternidad de su destino.