1 PORTADA COLOMBIA HOY - Comunidad Andina

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dentro de un área de 545.000 hectáreas en las alcaldías. Sin embargo, el balance final
de otorgamiento de los fundos antes arrendados en propiedad, sólo alcanza a 2.400
campesinos o sea menos del 2% de lo que figuraban como pequeños arrendatarios en el
Censo Agropecuario de 1970.
En 1971, bajo el gobierno del conservador Misael Pastrana Borrero, la ANUC
hace un primer congreso y se dota de un programa democrático que recibirá el nombre
de “Primer Mandato Campesino”, donde se configuran los siguientes puntos como
objetivos principales del movimiento: eliminación del monopolio sobre la tierra y
liquidación de la propiedad latifundista, prohibición y liquidación de los sistemas
aberrantes de arrendamiento, aparcería, parambería, agregados, vivientes y similares,
entrega de la tierra gratuita y rápidamente a los que la trabajan o quieran trabajarla,
establecimiento de un régimen de grandes unidades cooperativas de autogestión
campesina y protección al pequeño y mediano propietario que explota directamente su
predio.
El movimiento campesino dotado de un programa y una dirección se multiplica en
todas la regiones del país. Para comienzos de 1972, la ANUC se lanza a una coordinada
acción de invasiones a escala nacional que alcanzan más de 2.000, aunque no tiene
suficiente fuerza para consolidar muchas de ellas porque no hay fuerzas políticas
urbanas importantes, en particular un desarrollado movimiento obrero, que los apoye
decisivamente. Aún así, después de esta oleada y otras que le siguen en años más
recientes, el campesinado logra conquistar casi tanto como las 200.000 hectáreas que
no acaba de otorgar el Incora durante más de 14 años de existencia.
La movilización campesina de 1972 polariza al país. Las clases dominantes se
unifican para condenar las aspiraciones por la tierra y acuerdan una suspensión
inmediata de la política reformista. En una pequeña población del departamento del
Tolima, llamada Chicoral, se dan cita los representantes del capital y la renta del suelo,
los partidos tradicionales y los Ministros del Despacho para acordar los lineamientos
básicos de una nueva política agraria, que se condensa en el abandono de toda
pretensión distributiva de la gran propiedad territorial. Este acuerdo se le conoce como el
“Pacto de Chicoral”. Los terratenientes se comprometen por su parte a pagar impuestos
al Estado —han sido tradicionalmente los evasores más recalcitrantes del fisco— lo cual
se plasmará en la renta presuntiva introducida en la Reforma Tributaria de 1974 bajo la
administración López Michelsen; los grandes propietarios reciben a cambio la garantía
de no expropiación o pagos prácticamente de contado en el remoto caso de ser
intervenidos por el Incora; se les ofrece además el reforzamiento del aparato de crédito
por medio del Fondo Financiero Agropecuario. Estos acuerdos programáticos se
concretan en las Leyes 4ª y 5ª de 1973.
La ANUC es debilitada progresivamente por la represión y por el paralelismo de
una segunda ANUC más moderada y apoyada por el gobierno. La organización intenta
defenderse a partir del Congreso que se hace en Sincelejo en 1974, pero sólo empieza a
recuperarse en 1977, cuando logra reunir su IV Congreso en la población de Tomala en
el departamento de Sucre, cerca de uno de los baluartes campesinos, tierras ocupadas