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Desde luego, son muchos los aspectos de la política eco-nómica. Nos
limitaremos, sin embargo, a las políticas agrarias, monetarias y crediticias y del sector
externo, considerándolas como los más esenciales frentes de acción de la política
económica.
Habíamos indicado cómo, durante la década del cincuenta, lo que aparece como
más preocupante en la agricultura es la inadecuada utilización de la propiedad territorial,
problema sometido a diferentes propuestas de solución enmarcadas todas sobre lo que
Albert Hirschman ha llamado el empleo de las armas fiscales. En efecto, la dirección
dominante de la política agraria durante esta década, consiste en aumentar la provisión
de alimentos y de materias primas aprovechando los recursos agrarios disponibles, sin
que la cuestión del mantenimiento de orden social estuviera determinando tal política. Si
hubiéramos de calificarla, diríamos que durante la década del cincuenta, la política
agraria era francamente “prusiana”, al menos en sus propósitos.
Desde las recomendaciones del informe Currie, el empleo de las armas fiscales
se dirigía a inducir aumentos de productividad en las explotaciones agrícolas. Esta
propuesta consistía en un gravamen a las tierras que no estuvieran adecuadamente
explotadas, a través de un impuesto predial cuya tasa iría aumentando a medida que los
rendimientos de las tierras fértiles fuesen menores. Aunque benigna, la propuesta fue
recibida con escepticismo por las obvias dificultades de evaluar la tierra. El gobierno de
Rojas Pinilla decretó, en septiembre de 1953, que se incrementara automáticamente el
valor de las tierras con arreglo a un coeficiente igual al del aumento del costo de la vida
registrado desde el último avalúo de la tierra. El decreto, más bien divertido, fue
contrarrestado a principios de 1954, cuando se dispuso, que a partir de entonces, el
avalúo de las tierras rurales se haría por declaración del propietario ante las juntas
municipales de catastro, bajo la amenaza, para reprimir la subvaluación, de que el valor
declarado se tomaría como base de indemnización por parte del estado en caso de que
las tierras fueran expropiadas, posibilidad que nadie tomaba en serio.
La medida, por supuesto, no produjo ningún efecto; pero la crisis del comercio
exterior, iniciada en 1954, mostraba que la industria no podía seguir sometida a las
importaciones de alimentos y materias primas. Esto condujo al gobierno de la junta
militar que sucedió a Rojas Pinilla, a renovar los esfuerzos a fin de fomentar el cultivo de
tierras incultas: se obligaba a los propietarios a incluir en su renta gravable un ingreso
teórico procedente de sus tierras, después de una clasificación de las mismas según las
características físicas de los suelos. Al mismo tiempo, se incentivaba a los terratenientes
que realizaran obras de riego y avenamiento, mediante estímulos fiscales de carácter
financiero y crediticio. Aún si la presión fiscal para elevar los rendimientos hubiera tenido
efectos nulos, en opinión de Hirschman el avance de la modernización agrícola y el
aumento de las inversiones en los cultivos comerciales se vio en parte estimulada por
estas medidas 28 .
En los comienzos del Frente Nacional, se hizo una última tentativa para emplear
las armas fiscales. Manteniendo la misma línea del decreto anterior, se hacían más