1 PORTADA COLOMBIA HOY - Comunidad Andina

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victoriosamente por el movimiento en años pasados. En este último congreso, la ANUC
se plantea más moderadamente como un camino hacia la conformación de un partido
campesino, se apresta a dejar su tradicional política abstencionista en las contiendas
electorales y se hace a una plataforma nacionalista de reforma. En los años
subsiguientes la organización se debilita progresivamente.
En el campo del liberalismo, el candidato López Michelsen enarbola un programa
agrario desde 1973 que expresa que los tiempos de reforma están enterrados
indefinidamente para las clases dominantes colombianas. Como candidato derrota a
Lleras Restrepo en la Convención Liberal de ese mismo año, precisamente sobre la
base del agotamiento y fracaso de la política reformista del segundo.
La nueva orientación en materia agraria se expresa en el programa de gobierno
que ha sido elegido por una abrumadora votación de 3 millones de votos, con el plan de
Desarrollo Rural Integrado (DRI) que reemplaza la reforma social agraria. El nuevo
programa se pone en ejecución con retardo en zonas de economía parcelaria, y tiende a
favorecer al campesinado rico y medio, pues sólo se otorgan créditos a propiedades
mayores de 3 hectáreas y que puedan responder financieramente por los préstamos,
con tecnología adaptada a las condiciones sociales de este tipo de explotación, sumado
a organización cooperativa para el mercadeo y complementado con planes de vías,
salud, educación, etcétera.
Esta nueva orientación que sigue muy de cerca el pacto de Chicoral se expresa
también por la iniciativa del gobierno de López de proponer y hacer aprobar por el
Congreso en 1975 la Ley 6ª o de aparcería que hace esfumar por último la presión
reformista para que los terratenientes más atrasados, que oprimen todavía al
campesinado por medio de rentas precapitalistas, se deshicieran de los vínculos de
sujeción extraeconómica. Según el Censo Agropecuario de 1970 había todavía 152.500
explotaciones de tal tipo, menores de 20 hectáreas, que ocupaban unas 612.000
hectáreas, lo cual equivale a una sexta parte de las explotaciones existentes en el
campo colombiano y a un 2% del área agropecuaria. La nueva ley garantiza que los
terratenientes que así gusten pueden continuar explotando a sus arrendatarios, sin
riesgo de que los fundos que estos ocupan puedan ser declarados de su propiedad. La
nueva ley elimina, de paso, el matiz de ambigüedad anotado atrás, que abría la
posibilidad de que un gran arrendatario capitalista demandara al terrateniente por las
mejoras introducidas en el lote arrendado y que había dificultado en cierta medida la
expansión del gran arriendo moderno. Se permite incluso que las grandes haciendas
hagan uso de las aparcerías para proteger sus ganados del abigeato, por medio de
familias campesinas, cuyo papel principal es la de servir de “guachimanes”, es decir
vigilantes y no de tributar rentas obsoletas a los grandes ganaderos.
Retorna de esta manera a su marca el péndulo histórico del reformismo,
caracterizado por fases relativamente cortas y vacilantes de hacer concesiones a los
campesinos, seguida por períodos extensos de políticas represivas y de incentivos
tributarios y crediticios para impulsar la modernización de la gran propiedad o para