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Oposición de derecha
La oposición de derecha a los gobiernos liberales, y en especial al primero de
López, fue violenta. Ella provino de sectores del mismo partido liberal, de grupos
fascistas y del conservatismo acaudillado por Laureano Gómez. Las medidas
intervencionistas del Gobierno de López a veces chocaron con los gremios económicos.
La Federación de Cafeteros, organización híbrida que se dice oficial para obtener
prerrogativas y privada para evitar la intervención estatal, y que maneja inmensos
capitales producto de la exportación de café, se opuso a López por su intervencionismo
al colocar tres ministros en su Junta Directiva y llamó expropiación al manejo que el
Estado dio a una parte de los dólares provenientes de la exportación. Los industriales
atacaron del gobierno de López, la reforma fiscal y su política social, si bien algunos más
clarividentes comprendieron su política modernizante y de captación y lo apoyaron a
título individual. Dentro del liberalismo el no apoyo de las altas esferas económicas a la
política de López, se plasmó en el ala seguidora del Presidente Santos. Terratenientes
liberales y conservadores crearon un movimiento violento de oposición: la APEN (Acción
Patronal Económica Nacional), cuyo órgano de expresión era el periódico La Razón
orientado por el intelectual liberal Juan Lozano y Lozano. La APEN contó con el apoyo
de terratenientes, banqueros e industriales y su decidida oposición a la política de López
estuvo dirigida, sobre todo, a atacar su política agraria y la Ley 200 de 1936 a las cuales
motejó de bolcheviques y subversivas. Bajo el comando de la APEN, los terratenientes
ejercieron violencia sobre los campesinos que reivindicaban la propiedad de la tierra u
otros derechos.
La oposición más violenta fue la que ejerció el partido conservador en
connivencia con la jerarquía Eclesiástica y con grupos fascistas. Vencido el partido
conservador en 1930, su jefe Laureano Gómez decretó la “abstención purificadora” y el
conservatismo no participó en las elecciones presidenciales de 1934 y 1938. La política
de López y la reforma constitucional de 1936, sirvieron como pretexto para atacar al
Gobierno de socialista y de ateo. A pesar de la prudencia liberal, el partido conservador
logró revivir el “problema religioso” y ganarse para su política la beligerante participación
de la jerarquía católica. Con motivo de la reforma constitucional, el 17 de marzo de 1936,
el Arzobispo Primado de Bogotá y todos los demás Obispos del país, nacionales y
extranjeros, firmaron una pastoral dirigida al Jefe del Estado. En ella expresaban, entre
otras cosas, las siguientes:
“...No es que seamos intransigentes con toda reforma de la Constitución actual.
Dejamos abierto el campo a la discusión sobre la oportunidad de tales o cuales reformas
parciales... ¿Qué queda en pie de los derechos de la Iglesia y de las instituciones
cristianas que consagra la Constitución vigente? En cambio, sobre esa obra demoledora,
ved lo que se pretende erigir como principios que nos gobiernan: la libertad de cultos, en
vez de una razonable tolerancia; la libertad de cultos, error doctrinario condenado por la
Iglesia; la libertad de cultos, en una forma tal, que deja a la Iglesia Católica, la de la
totalidad moral de los colombianos, al ras con todas las demás religiones falsas, así
sean las más exóticas y extravagantes... En esa forma se cambia la fisonomía de una