1 PORTADA COLOMBIA HOY - Comunidad Andina

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fue sometida la UP, quitaron la posibilidad de que fuerzas sociales de importancia se
aglutinaran a su alrededor109.
La tozudez del Gobierno en la búsqueda de medidas alternativas para solucionar la
crisis, las más de las veces improvisadas e imaginativas pero arriesgadas, puso en
guardia a sectores dominantes temerosos de perder privilegios. Varias medidas fueron
vistas como peligrosas para la estabilidad del sistema político e, indirectamente, de la
economía que le daba su razón de ser. Por ejemplo, la rectificación de errores del
Gobierno al recuperar, pasada la mitad del período presidencial, el inicialmente
despreciado proceso de paz del presidente Betancur, y resucitar políticamente con ello
al M-19110, redobló las prevenciones y alentó respuestas delincuenciales. La
criminalidad política contra dirigentes populares se complicó. Se expandió también
porque fue acompañada de violencias paralelas de diverso carácter (social, económico,
delincuencia común), desarrolladas a la sombra de la confusión que con frecuencia
afloraba111. El desenmascaramiento de la debilidad del Estado ayudó a la escalada. El
papel del narcotráfico fue definitivo al colocar a la luz del día la impunidad, dado el
desamparo de la administración de justicia. La abierta narcoviolencia opacó aún más al
monopolio estatal del uso de la fuerza. Este factor lanzó al Gobierno a adoptar en su
último año un destructivo y sangriento simulacro de guerra, declarado por causa del
asesinato del más firme aspirante a la Presidencia de la República, Senador Luis Carlos
Galán. Durante “la guerra” también fueron asesinados dos candidatos presidenciales de
la izquierda: Bernardo Jaramillo de la UP y Carlos Pizarro del M-19112.
Entre 1984 y 1989, la criminal temeridad de las fuerzas de la reacción pasó por
diversas masacres de campesinos, líderes populares y cientos de militantes de la UP, de
su presidente el ex candidato presidencial Jaime Pardo Leal y de un Procurador General
de la Nación sin mayores consecuencias para sus artífices. Hubo grave
irresponsabilidad política de los gobiernos Betancur y Barco. La reacción pensó en el
Senador Galán, pues, a pesar de ser producto del sistema, encarnaba para algunas de
sus fuerzas la potencialidad de “desestabilización” de sus intereses o, al menos, el
recorte de prerrogativas. Su asesinato fue, contradictoriamente, el mayor reto del
sistema contra sí mismo: precipitó, finalmente, la inestabilidad del sistema político que
las dispersas fuerzas que buscaban aglutinarse alrededor de un incipiente proyecto
reaccionario pretendían evitar. Sus consecuencias comenzarían a verse cuando el humo
de la primera y burda gran batalla del Estado por recuperar su fortaleza comenzara a
disiparse.
5. ¿Hacia un nuevo pacto político?
La “guerra del presidente Barco” trajo al campo político y en especial al Estado
varias consecuencias fundamentales. En primer lugar, frenó el rápido debilitamiento
estatal de los años anteriores. En la confrontación con el narcoterrorismo quedó claro
que el Estado no son sólo las personas que lo administran, sino instituciones que las
trascienden. Los funcionarios sobornados, amenazados o asesinados son transitorios
frente a las instituciones. Por medio de sobornos y chantajes, el narcotráfico había