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modernidad, pero enredado en su organigrama y sus funciones. Tal complejidad iría a
trascender más adelante, al ser usada de manera clientelista en beneficio de la
reproducción bipartidista y la corrupción, y en detrimento de la eficiencia administrativa
para la que la modernización supuestamente se había establecido61.
La modernización de las instituciones del Estado fue funcional a la necesidad de
abrir nuevos espacios sociales y ocupacionales para las nuevas clases, producto del
desarrollo del capitalismo. La expansión del gasto público, especialmente del gasto
social, fue el soporte y complemento del crecimiento institucional. Del 19 por ciento del
gasto público en que habían permanecido hasta mediados de la década de los años
cincuenta, los gastos sociales alcanzaron el 32 por ciento en 1978, dentro de un
expansivo presupuesto nacional62. De esta manera, la proliferación de estratos,
principalmente de las nuevas clases medias, encontró la más importante forma de
acomodo en la sociedad. Fue la más efectiva válvula de escape para la inestabilidad
social, producto de los cambios estructurales y la violencia. Pero este apoyo para la
continuidad de las formas de dominación no correspondió con el que se requería para el
fortalecimiento político del Estado. El proceso que se desató con posterioridad a la finalización
de la alternación presidencial, en 1974, dio al traste con esa necesidad.
La segunda característica que cimentó el ejercicio del Frente Nacional fue la
institucionalización de la estabilidad económica alcanzada de hecho con anterioridad. La
estabilidad política buscó su contraparte en el manejo de la economía. Sobre la base de
las exigencias de racionalidad en el manejo económico por parte de los organismos
multilaterales de crédito, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano, el primer
gobierno frentenacionalista creó el Departamento Nacional de Planeación. Pero la
innovación mayor se presentó en el siguiente gobierno. Consistió en el paso del control
monetario a manos exclusivamente oficiales a través de una Junta Monetaria de carácter
técnico. El monopolio de emisión permaneció en el Banco de la República, una entidad
mixta. Se creó, además, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes,
como control técnico-político de las decisiones del Ejecutivo. Se planteaba, así, la
posibilidad de separar las políticas partidista y económica, aunque el ejercicio en materia
de política económica dependía en buena medida de las decisiones del Ejecutivo y el
Legislativo.
La separación de políticas vino a hacerse efectiva a raíz de la necesidad de
enfrentar la crisis externa que afrontaba el Estado por causa de la expansión fiscal con
que se impulsó inicialmente el reformismo del Frente Nacional. La solución se adelantó
durante el tercer gobierno del Frente Nacional, el de Carlos Lleras Restrepo, entre 1966
y 1970. La visión política y el ejercicio tecnocrático de este gobierno quedaron
materializados en los resultados que, para el fin que se discute, proporcionó la Reforma
Constitucional de 1968 y otras medidas entre las que sobresale el Decreto 444 de 1967,
el cual unificó y permitió la regulación de la tasa de cambio internacional y del control de
los flujos de capital.
La reforma Constitucional, aprobada finalmente por el Congreso gracias a las