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posesión de tierras en el país, que más bien constituye un sistema de dominio de hecho
sobre muy extensas regiones, en donde un hacendado tenga suficiente poder militar y
político. La situación de aguda carestía de alimentos en el país, pone en cuestión el
hecho de que muchos colonos no puedan trabajar supuestos baldíos nacionales o tierras
fiscales a menos que paguen rentas a muy dudosos poseedores legales de estas tierras.
El gobierno desconocía incluso qué tierras eran propiedad de la Nación y cuales habían
sido otorgadas en enormes cuantías a un puñado de propietarios que no las explotaban
directamente. En esta etapa algunos terratenientes pretendían todavía legalizar a su
favor tierras sin cultivar, en extensiones de cientos de miles de hectáreas, todo en medio
de una movilización creciente de los colonos que venían ocupando y civilizando nuevas
regiones. Los tribunales recogieron en parte el clamor de las necesidades del nuevo
régimen y de los colonos en varias regiones del país, comenzando a entonces a exigir
pruebas jurídicas de propiedad a los terratenientes, a declarar algunas tierras de
propiedad nacional y, en general, a exigir la agrimensura para demarcar la propiedad
privada sobre la tierra.
El régimen de propiedad vigente hasta entonces presenta así visos híbridos entre
las formas modernas de propiedad y otras que eran consistentes con las relaciones de
producción serviles, que frenan la compraventa y el arriendo capitalista de la tierra,
especialmente cuando el monopolio territorial constituye el mecanismo más importante
para sujetar al campesinado: el propietario no está dispuesto a ceder bajo ningún precio
su dominio territorial, en tanto ello le socavaría su poder para exigirle rentas a la
población campesina que sujeta. Por otra parte, tal sistema de propiedad se basa en
principio en la posesión individual, es decir, no corporativa o entregada en cesión por un
superior en la escala aristocrática, como sucede en el feudalismo, sino que la tierra tiene
cierta movilidad a nivel de los mismos propietarios, pero excluye, o pretende hacerlo, la
propiedad del campesinado sometido a ellos y la conformación de un más amplio
mercado de tierras.
Las reformas jurídicas que se hicieron durante los años 20 al régimen de
propiedad fueron sistematizadas en el estatuto promulgado en 1936, contempladas en la
Ley 200, que es considerada como la reforma más importante que promulgó el régimen
liberal de Alfonso López Pumarejo. La Ley 200 atacó, además, el problema de las
relaciones de trabajo, en particular el contrato de “agregatura”, existiendo la posibilidad
de que el lote cedido en arriendo pasará a propiedad del inquilino, aunque la forma como
fue implementada permitió también que el hacendado expulsara al arrendatario y su
propiedad quedara sin disputar.
La ley declaraba la reversión a la Nación de tierras en propiedad sin habilitar,
otorgando un plazo de 10 años para adecuarlas, plazo que nunca fue reglamentado por
el avance de la reacción conservadora y que tuvo que ser estatuido nuevamente por la
ley de reforma social agraria de 1961, 25 años más tarde. Ciertamente, la reforma tuvo
poca profundidad en su implementación, al tiempo que prevenía a los terratenientes para
organizarse políticamente y comenzar a tomar la ofensiva contra las reformas. Las ligas
campesinas no fueron involucradas en la puesta en práctica de la ley y el poder local de
los hacendados no fue tampoco puesto en cuestión por el gobierno liberal, menos aún