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Las ligas campesinas dirigidas por el Partido Comunista la UNIR lanzan a partir
de 1932 la consigna de que los colonos deben sembrar café, plátano y caña de azúcar.
En el conflicto que se venía expresando como “problema laboral” relativo a los salarios,
o a los contratos de arrendamiento, se cuestiona ahora la propiedad misma. En su lucha
por la tierra, durante los años treinta, el movimiento campesino se sobrepone aún al
movimiento obrero.
La legislación existente estaba en retraso respecto a las nuevas situaciones.
Cuando los trabajadores agrícolas reclamaban colectivamente mejoras en las
condiciones de trabajo, los propietarios les respondían que ellos eran más que
arrendatarios, que no estaban ligados por contratos de trabajo, que por lo tanto, podían
ser arrojados del predio, “lanzados”, y así se procedía comúnmente. En estas
condiciones un problema salarial terminaba con el desalojo de los arrendatarios, y a
éstos no les quedaba otra opción que declararse colonos, con lo cual cuestionaban ya
directamente la propiedad territorial.
Una ley de 1905 estableció que el ocupante de un predio debía exhibir el título de
propiedad, o el contrato de arrendamiento, o en caso contrario, las autoridades
verificarían el lanzamiento en 48 horas. Como el contrato entre terratenientes y
campesinos casi siempre era verbal, estos últimos no podían exhibirlo y se procedía al
desahucio. Así las cosas, al campesino no le quedaba otro camino que resistir por la
fuerza dentro de un régimen jurídico que no contemplaba determinadas situaciones con
figuras propias y las remitía al tratamiento penal o policivo.
El Gobierno liberal inició entonces una acción para crear un régimen jurídico que
diera cabida a esa variedad de situaciones, permitiéndoles una salida institucional, y
llevó a cabo también una política de repartición de tierra que al mismo tiempo salvaba a
los terratenientes al comprarles sus haciendas. Así, por ejemplo, la hacienda el Soche,
en donde había 6.000 colonos, es comprada por el gobierno, quien en febrero de 1934
había adjudicado 2.888 fanegadas a 277 familias. La hacienda Tolima, en donde se
desató un combate que dejó un saldo de 13 arrendatarios y dos policías muertos, es
comprada por el Gobierno quien la vende a los arrendatarios9.
La salida jurídica se dio a través de la Ley 200 de 1936, tímido estatuto que
presumía como propietario de un predio a quien le diera destinación económica,
establecía ciertas trabas para el lanzamiento de los ocupantes y declaraba reversibles al
dominio del Estado los predios mayores de 300 hectáreas que no fueran cultivados. La
industrialización que se adelantaba requería alta productividad en materias primas y
alimentos y ampliación del mercado. De allí el incentivo de la productividad, que de paso
abría una puerta probatoria para el propietario que no tuviera sus títulos en regla. En
cuanto a la reversión a dominio público de los predios incultos, la aplicación de la norma
se pospuso por 10 años y luego, de plazo en plazo, no ha tenido aplicación.
En su mensaje al Congreso de 1936 el Presidente López expresó lo siguiente: “El
Gobierno... que tiene el deber de intervenir en la sindicalización, que estudia las