EL MUNDO INDIGENA 2016

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Costa Rica
En Costa Rica, ocho pueblos indígenas ocupan 3.344 km 2 distribuidos en 24
territorios. En el país, 104.143 personas se reconocen como indígenas. Entre
ellas, 78.073 declara pertenecer a alguno de los ocho pueblos indígenas del
país y el resto no especifica su pertenencia. Sobre una población total de
4.301.712 habitantes, los indígenas representan el 2,42 % del total. Porcentaje
que visto como tal no refleja que se trata de un sector significativo de la
población que además, tiene derechos específicos tanto colectivos como individuales
sancionados por la legislación nacional e internacional.
En Costa Rica, el Convenio 169 de la OIT fue ratificado hace ya más de
dos décadas pero eso no significó el reconocimiento de derechos indígenas
en el país. Los pueblos indígenas continuaron siendo discriminados y con los
mayores niveles de exclusión social y los menores de inversión pública. Los
territorios indígenas continúan siendo despojados por no indígenas y las organizaciones
designadas para administrarlos carecen de legitimidad o son
objeto de constantes intentos de manipulación por parte de las instituciones
del Estado. El derecho a la consulta continúa siendo negado.
En los 24 territorios indígenas del país habitan ocho pueblos distintos,
siete de ellos de origen chibchense (Huetar en Quitirrisí y Zapatón; Maleku
en Guatuso; Bribri en Salitre, Cabagra, Talamanca Bribri y Këköldi; Cabécar
en Alto Chirripó, Tayni, Talamanca Cabécar, Telire y China Kichá, Bajo Chirripó,
Nairi Awari y Ujarrás; Brunca en Boruca, y Curré, Ngöbe en Abrojos Montezuma,
Coto Brus, Conte Burica, Altos de San Antonio y Osa; Teribe en
Térraba) y uno de origen mesoamericano (Chorotega en Matambú). En esos
territorios habitan 48.500 personas, entre las cuales la mayoría –35.943 individuos–
son indígenas; el resto representa casi la tercera parte (25,9%). La
situación es más alarmante en la Zona Sur del país, donde la ocupación de
tierras por no indígenas oscila entre 50% y 90%.
La agenda de los derechos indígenas en el país continúa postergada por el Estado.
Las autoridades que asumieron el Gobierno después de las elecciones de