EL MUNDO INDIGENA 2016

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disponible para ampliar los reducidos y deteriorados resguardos, sino porque la presión
de población campesina sin tierra sobre estos territorios es creciente. Esto puede
perturbar las relaciones entre los sectores rurales, que ahora se encuentran unidos
para demandar una reforma agraria integral que les garantice tierra a los campesinos,
se las restituya a los despojados y garantice tierra apta y suficiente a los indígenas
y afrocolombianos.
El problema grande es que mientras escasean los alimentos los indígenas llevan
más de un año tratando de concretar el acuerdo de apoyo a la economía propia que les
garantice la seguridad alimentaria. Esta situación ha creado un escenario de descontento
en la población indígena, acrecentado por la condena a 18 años de cárcel al reconocido
líder indígena Feliciano Valencia, la cara más visible de las movilizaciones indígenas
en el Cauca. Lo curioso aquí es que se condene a este líder indígena por maltrato
(20 azotes) a un cabo del ejército que se encontraba –según la guardia indígenainfiltrado
en la minga indígena del 2008, mientras que cuando la guardia indígena detiene
a tres miembros de las FARC por asesinato de un comunero indígena y son condenados
a 40 años de prisión por la justicia indígena, el gobierno celebra esta decisión.
Un caso que sería verdaderamente alarmante para los pueblos indígenas es que
en los acuerdos de la Habana sobre la cuestión agraria, las FARC hubiesen recibido
“ventajas” para que la población campesina y colona, que dicen representar, reciban
tierras en territorios indígenas que están sin titular o que hacen parte de espacios para
la ampliación de sus territorios. Esto sería un sesgo político inaceptable. Pero lo que
sería un exceso de la desfachatez es que actores armados sigan ejerciendo presiones
a los pueblos indígenas de varias regiones del país para que cedan sus tierras para la
explotación minera, sin que en la Habana haya un pronunciamiento en contra por parte
de las FARC. En varias regiones indígenas, la minería y la coca representan un escenario
cada vez más probable debido a la pobreza por el deterioro de sus tierras.
Según las organizaciones indígenas, lo que se decida en la mesa de conversaciones
debería de ser refrendado por medio de una consulta popular a los pueblos indígenas,
en cuanto esas decisiones conciernan sus territorios, porque un eventual acuerdo
en ese sentido los puede afectar gravemente. Esta exigencia política tiene un fundamento
ético, por cuanto se debe tener en cuenta que los indígenas, al igual que las
FARC, han pedido siempre una reforma profunda en el agro colombiano, y precisamente
por ello es que quieren ser participes de su diseño, pues saben que con la firma de
los acuerdos de paz los combatientes desmovilizados irán a vivir en Zonas de Reserva
Campesina, y tienen el temor que éstas sean creadas en zonas indígenas o aledañas
a sus resguardos, y que ése pueda ser un ingrediente para la eclosión de nuevos con-