EL MUNDO INDIGENA 2016

108 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2016
2014, habían manifestado que dictarían políticas públicas para el cumplimiento del
Convenio 169 de la OIT y, específicamente, acciones dirigidas a la promulgación de
la ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas y a la aplicación del derecho
a la consulta. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Inclusive, en 2015, los espacios de
diálogo que, debido a la presión indígena, se habían abierto durante el gobierno anterior,
no tuvieron la continuidad deseada, y los derechos indígenas nuevamente
continuaron ocupando un espacio marginal en las políticas públicas nacionales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para la
protección de los indígenas de Salitre de las agresiones externas, pero su cumplimiento
es insuficiente y las provocaciones y ataques continúan; por ejemplo, quema
de viviendas y cosechas indígenas. En 2015 se debería haber puesto en marcha la
Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia,
2014-2025. Esto aún no ha ocurrido, y tanto los indígenas originarios del
país como los trabajadores indígenas migrantes temporales, especialmente los ngöbes
de Panamá, siguen sin contar con un instrumento de derechos que les apoyaría
en sus luchas contra la discriminación.
El derecho a la consulta continúa siendo negado
El derecho a la consulta aún se discute en distintos ámbitos, pero no se avanza. En
2015, los procesos iniciados por el Instituto Costarricense de Electricidad, institución
autónoma, fueron detenidos por el Poder Ejecutivo que se encontraba preparando un
“protocolo único de consulta”. Es decir, un método único de consulta válido para todos
los temas y para todos los pueblos, sin importar sus diferencias. Tal iniciativa,
apoyada por el PNUD, generó rechazo por parte de líderes de varios pueblos.
Sobre ese tema, la Presidencia de la República se encuentra elaborando una
directriz presidencial que establece las condiciones básicas para el diseño de mecanismos
de consulta en forma participativa. Si esto se lleva a cabo de manera incluyente,
es decir, sin limitarse al diálogo con las organizaciones indígenas con personería
jurídica, posiblemente por primera vez se podrá contar con un entorno favorable
para mitigar la conflictividad que ha generado la negación del derecho a la consulta.
Hay que destacar que importantes proyectos de infraestructura, legislación,
desarrollo institucional y ambiente (hidroeléctricas, REDD+, conservación ambiental,
carreteras, entre otros), precisan de procesos de consulta previa, ya que afectan la
vida y los territorios de los pueblos indígenas.