EL MUNDO INDIGENA 2016

AMERICA DEL SUR
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para garantizar a esas comunidades la continuidad de los recursos naturales necesarios
para su desarrollo físico y cultural.
El Congreso Nacional ha debatido durante años esas disposiciones constitucionales
y sus implicaciones sin resolver el asunto. De todos modos, el debate ha
vuelto a emerger después del descubrimiento de diamantes de calidad gema en la
tierra indígena de Roosevelt. En el Congreso Nacional, el lobby minero, con el
apoyo de intereses gubernamentales, está buscando la mejor manera de tomar
una decisión sobre la cuota de esa participación y también qué base utilizar para
elaborar el cálculo.
El Congreso está considerando dos leyes que abordan esos asuntos, junto con
una propuesta del Gobierno y otra del representante Valverde, 9 La ley PL Nº
1.610/96 prevé exclusivamente la exploración y la explotación de recursos minerales
en zonas indígenas, mientras que la PL Nº 2.057/91 propone la creación de un
Estatuto en materia de sociedades indígenas, con un capítulo entero dedicado a
cómo abordar esas cuestiones y que establece un porcentaje mínimo del 2% en
función de los ingresos brutos resultantes de la venta del producto mineral procesado
pero no transformado industrialmente. Ambas leyes permitirán variaciones al
alza o a la baja del porcentaje, e incluso hasta el 25% en la fase de solicitud de
concesión minera.
La propuesta del Gobierno y la ley alternativa de Valverde, por otro lado, garantizan
una cuota del 3 y el 4% respectivamente, en función de los ingresos brutos resultantes
de la comercialización del producto mineral obtenido. Ambas propuestas son
innovadoras y también importantes ya que declaran expresamente que las obras y
los intereses mineros garantizados antes del cambio legislativo no tendrán validez.
Más allá del porcentaje estipulado, también están surgiendo preguntas en
cuanto a qué información debería estar disponible para la comunidad indígena con
el fin de poder saber si la cantidad que se les paga corresponde con el porcentaje
acordado de los ingresos generados por la compañía minera. ¿Recibirá la comunidad
indígena información del fisco sobre los impuestos cobrados a la compañía
minera y será entonces capaz de controlar sus ingresos y garantizar que reciban la
remuneración correcta por su participación? ¿Tendrá acceso la comunidad a las
cuentas de la compañía minera? 10
Otro requisito constitucional para las actividades mineras en TI es la consulta
con las comunidades indígenas afectadas con el fin de garantizar su participación
en el proceso de toma de decisiones en proyectos comerciales que se desarrollarán
en sus tierras, y el establecimiento categórico del impacto real en la comunidad
afectada. También significa que los pueblos indígenas tendrán todo el derecho a