EL MUNDO INDIGENA 2016

116 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2016
Reconocimientos importantes por el Estado
2015 ha sido un año donde el gobierno del presidente de la república Juan Carlos
Varela del partido Panameñista y el Órgano Judicial de Panamá han mostrado voluntad
de actuar en respeto de los derechos indígenas, cumpliendo una sentencia en su
contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); asimismo, la Corte
Suprema de Justicia de Panamá ha corregido fallos. A la vez, quedan pendientes
asuntos importantes como la implementación plena del proceso de titulación y la ratificación
del Convenio 169 de la OIT.
Respecto a este último tema es importante observar que desde 2015 Panamá es
parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por tres años consecutivos.
Si se suma a este hecho todas las recomendaciones de instituciones internacionales
de derechos humanos y la petición de urgencia notoria presentada y firmada
por todos los 12 congresos y consejos indígenas y presentada al presidente de
la República (vía el ministro de Salud), durante un evento en diciembre en la Comarca
Guna de Madungandi, se espera que el Convenio 169 de la OIT resulte ratificado
en Panamá en 2016.
El 13 de octubre de este año, el presidente Varela entregó una compensación al
pueblo Guna de Madungandí (2 millones de dólares) y a las comunidades del pueblo
Emberá de Ipetí y Piriatí (560.000 dólares) en cumplimiento de la condena impuesta
al Estado panameño por la CIDH, como consecuencia de la violación de sus derechos
territoriales causados por la represa hidroeléctrica de Alto Bayano, construida
en 1972 (ver más detalles sobre el caso en Mundo Indígena 2015).
Después de fuertes protestas indígenas en 2014, la Procuraduría investigó un
fallo de la Corte Suprema de Justicia que indicaba que la ocupación mestiza en la
comarca Emberá Wounaan no era inconstitucional. El resultado de la investigación y
la postura de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), llevó a la
Corte a exigir, el 8 de abril de 2015, el desalojo de los ocupantes del área Sambú de
esta comarca, para así sanear el conflicto definitivamente. Otro caso parecido existe
en el caso de la comunidad Wounaan de Puerto Lara.
En 2015, como producto de la exigencia de los pueblos indígenas de una política
pública indígena de Estado en el Ministerio de Gobierno, el Estado se comprometió y
definió –concretamente a través del Viceministerio de Asuntos Indígenas, con el apoyo
técnico de la ONU y la participación de todas las autoridades tradicionales de las
12 estructuras y sus técnicos– un Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.
Más tarde, el Banco Mundial se interesó por financiar el resultado en 2016. La