EL MUNDO INDIGENA 2016

184 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2016
Todas esas actividades tendrían un impacto particularmente negativo en los pueblos
y en las tierras de las regiones central-occidental, sur, sureste y noreste. Precisamente
en esas áreas indígenas los conflictos por las tierras son más intensos y
coinciden el interés por los negocios agrícolas y los grandes terratenientes.
La PEC 215/2000 también propone prohibir la ampliación de las tierras indígenas
que ya han sido demarcadas. En la actualidad existen 35 TI con límites territoriales
sometidas a revisión. Se trata de tierras cuyos procesos de demarcación se iniciaron
antes de la Constitución de 1988 o que fueron declaradas reservas durante el proceso
de colonización del país a fin de liberar tierras para la producción agrícola. Esas
áreas, en la mayoría de casos, además de ser muy pequeñas, no corresponden al
territorio tradicionalmente ocupado por los pueblos en cuestión y son insuficientes
para garantizar su reproducción física y cultural. Tal es la realidad de muchas TI en
estados como Mato Grosso do Sul y Mato Grosso, donde las comunidades indígenas
sobreviven en tierras muy limitadas y están luchando por recuperar sus territorios
tradicionales. Si se aprueba, la PEC afectará gravemente a esas 35 tierras y a una
población de más de 33.000 personas indígenas de distintas regiones del país.
Por último, la PEC también podría significar la inclusión de la categoría de “lugar
emblemático temporal” en el texto constitucional, y eso afectaría a varias TI ya demarcadas,
homologadas y registradas, además de a otras que se encuentran en
pleno proceso de demarcación.
Cabe añadir que la aplicación retroactiva de la PEC 215/2000 a las TI que están siendo
consideradas judicialmente (sub judice) podría afectar, por lo menos, a otras 144 TI.
TI y el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC)
La implementación del Plan de Aceleración del Crecimiento de Brasil, PAC 2007,
ahora en su segunda fase, se ha caracterizado por las tensiones entre las políticas
del Gobierno y los derechos indígenas. Lo más significativo ha sido la falta de compromiso,
por parte del Gobierno, en la demarcación de los territorios indígenas, lo
que ha creado tensión entre los grandes terratenientes, los pequeños agricultores y
la población indígena. La incapacidad de cumplir el Convenio 169 de la OIT ilustra
claramente la posición del Gobierno con respecto a los asuntos indígenas.
Además de esos problemas, existe un interés creciente en el Gobierno por la
promoción de las compañías de minería y de tala y, por encima de todo, de establecer
plantas hidroeléctricas, como lo establece el PAC. Según las proyecciones nacionales,
el “Plan energético de diez años 2021” sostiene que la cuota de hidroelectricidad,