EL MUNDO INDIGENA 2016

204 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2016
vidad minera. En un primer momento, el gobierno y la empresa negaron la existencia
de glaciares en la zona de pedidos mineros. Sin embargo, mientras se desarrollaba
la audiencia que se celebró en el marco de la medida cautelar solicitada, el Estado
reconoció su existencia y la empresa buscó justificar su accionar, argumentando que
había presentado informes ambientales en tiempo y forma. 18
Con este reconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales de la
provincia, las comunidades quedaron a la espera de un fallo judicial que requiera la
implementación de las leyes ambientales para la protección de las reservas de agua
y, con ello, el cese de toda actividad minera dentro del territorio comunitario.
La lucha por el territorio y la criminalización de la protesta indígena
en Tucumán
La Unión de los Pueblos Diaguitas de Tucumán (UPNDT) continúa exigiendo la titulación
de sus territorios ancestrales. A nivel provincial no hay voluntad política para
avanzar en el otorgamiento y reconocimiento de la propiedad comunitaria, ni siquiera
para las tierras fiscales (que representan un 5% del total relevado). Actualmente, con
el recambio de gobierno, hay un interés por parte de la Secretaría de Derechos Humanos
de la provincia para iniciar un proceso de restitución de las tierras fiscales, por
medio de la formalización de una mesa de trabajo junto con la UPNDT.
Por otro lado, persiste la brecha entre la legislación y la aplicación del derecho de
los pueblos originarios. Continúan las nefastas respuestas del poder judicial, a pesar
de que durante 2015 se realizaron varias campañas de capacitación y visibilización 19
de la situación de los pueblos originarios de la provincia y de los derechos que les
corresponden.
Esto se evidencia al observar que de las 20 causas judiciales llevadas por la organización
de derechos humanos Andhes en tres comunidades del pueblo diaguita,
solamente se consiguió una sentencia favorable en el año 2012 que aplicara la ley
26.160, la cual, sin embargo, fue dejada sin efecto por apelación en 2014. Es decir,
no existe hasta ahora ninguna respuesta efectiva de los jueces provinciales. La mayoría
de la causas llevadas por Andhes son iniciadas por las denuncias del cacique
de la comunidad indígena Solco Yampa contra terceros que deforestan árboles en el
territorio comunitario, 20 incluso sin las autorizaciones provinciales correspondientes,
siendo más de una vez multados. A pesar de esto, no se consiguen respuestas efectivas.