EL MUNDO INDIGENA 2016

AMERICA DEL SUR
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PEC 215/2000 y sus posibles repercusiones en las TI
Como se mencionaba en El Mundo Indígena 2015, la Proposición de Enmienda a la
Constitución, PEC 215/2000, se ha visto desde el principio como una amenaza a la
demarcación de TI. En ese sentido, el año 2015 no ha aportado ninguna solución al
asunto, y la posible aprobación de la PEC 215/2000 plantea una serie de amenazas.
Una de las propuestas de la PEC 215/2000 es transferir el poder de decisión final
en materia de demarcaciones del Ejecutivo al Legislativo, alterando así el proceso
sistemático para el reconocimiento de TI, algo que afectaría directamente a todas las
tierras que actualmente están en proceso de ser reconocidas y que no han alcanzado
la fase final del proceso de demarcación u homologación por parte de la presidenta
de la República. Tal es el caso de las 228 tierras antes mencionadas y que siguen
esperando la homologación, un proceso que quedaría efectivamente paralizado.
Esas tierras representan un área de 7.807.539 hectáreas y afectan a una población
de 107.203 indígenas. Otras 144 tierras en las que los procesos de demarcación
están en la fase de revisión legal también se verían afectadas, en un área de
25.630.907 hectáreas y con una población total de más de 149.381 personas.
Llegados a este punto, vale la pena destacar la importancia estratégica de las TI
para la conservación del medioambiente. La deforestación acumulada en las tierras
indígenas representa solamente el 1,9% de su área forestal original, mientras que la
deforestación total en la bioma es del 22,8% (del total de la zona forestal original de
la Amazonía). 3 Incluso fuera de la Amazonía, donde las TI ocupan un área menor,
han desempeñado un papel muy importante a la hora de salvaguardar la biodiversidad
brasileña, como en el caso de las TI Mangueirinha del estado de Paraná, donde
se encuentra una de las mayores áreas de supervivencia del mundo de araucaria
nativa (Araucaria angustifolia).
La PEC 215/2000 también supondrá la apertura de tierras reconocidas como indígenas
a empresas económicas y a actividades de alto impacto. Incluye tierras definidas
como de interés público significativo para la Unión, lo que permite la posibilidad,
según define la Ley Suplementaria 227, de llevar a cabo actividades de explotación
minera, proyectos hidroeléctricos, la construcción de canalizaciones de petróleo y de
gas, puertos, aeropuertos, líneas eléctricas, etc., además de otras obras de infraestructura
como carreteras, ferrocarril y acuíferos, además de asentamientos rurales no
indígenas y actividad agrícola, incluido el alquiler de tierras.