EL MUNDO INDIGENA 2016

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territorio público mediante una serie de actividades, como la visita a las agencias
pertinentes y también entablando conversaciones con el Parlamento local
y la autoridad del distrito de Sikka. El resultado de este diálogo resulta
confuso. El Parlamento local y la autoridad del distrito de Sikka alegan que ellos
no pueden emitir una decisión al respecto porque solo el Gobierno central tiene
autoridad para resolver el problema. En noviembre de 2015, varios representantes
indígenas tana ai hicieron todos los esfuerzos posibles para ir a Yakarta
en busca de una solución para su caso. Se reunieron con la Agencia Nacional
de Tierras (BPN, por sus siglas en indonesio) que emitió una recomendación:
La Agencia Nacional de Tierras no debe proceder a la renovación del permiso
de derecho de explotación solicitado por la compañía hasta que se haya resuelto
el problema que afecta al pueblo indígena Tana Ai.
3. En marzo de 2015, 5 personas indígenas sedulur sikep de los dos distritos de
Kayen y Tambakromo en Java Central presentaron una demanda ante el
Tribunal Administrativo del Estado en Semarang. La demanda se formuló
contra del Decreto de la Autoridad del Distrito Nº 660.1/4767, de fecha 8 de
diciembre de 2014, relativo al permiso ambiental para la construcción de una
planta de cemento y una cantera de caliza y arcilla en el distrito de Pati, a
favor de Sahabat Mulia Saksi Factory (SMS). El Decreto de la Autoridad del
Distrito potencialmente desplazaba y eliminaba la tierra agrícola del pueblo
indígena que ha contribuido a su seguridad alimentaria. El mencionado decreto
entra en contradicción con varias leyes. 4 El 17 de noviembre de 2015,
y después de un proceso bastante largo y tedioso, el Tribunal Administrativo
del Estado en Semarang admitió completamente las exigencias de los demandantes
e invalidó el Decreto de la Autoridad del Distrito. En la consideración
hecha por los jueces, el decreto se demostró contrario a la Ordenación
Regional del Territorio (RTRW, por sus siglas en indonesio) del distrito de
Pati y a los principios de buena gobernanza.
AMAN señaló que, además de la falta de legalidad ante la ley, los pueblos indígenas
están en algunos casos también obligados a tratar con las fuerzas de seguridad,
aunque son conscientes que se arriesgan a la violencia y la criminalización. Incluso
el caso del pueblo indígena Seko, por ejemplo, muestra con claridad cómo los
agentes de seguridad del Estado se posicionan del lado de la empresa. Los agentes
de seguridad del Estado no solo están intimidando al pueblo indígena Seko sino,
principalmente, desamparando al pueblo indígena que están luchando por justicia.