EL MUNDO INDIGENA 2016

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lias, la mayoría de las cuales pertenecen al pueblo Q’eqchi’. Según fuentes especializadas,
el desastre ecológico fue provocado por los desechos que provienen de
una empresa procesadora de aceite de palma ubicada en los alrededores del río.
El cultivo de palma de aceite ha tenido un crecimiento vertiginoso en el sur de este
departamento, debido a que las empresas han acaparado tierras a gran escala en
la región. Muchas de estas tierras han sido adquiridas mediante engaños a sus
propietarios indígenas, que no han podido escapar a las presiones para ceder sus
derechos a las tierras que luego pasan a engrosar las grandes plantaciones de este
cultivo. La contaminación del río La Pasión se extendió sobre una longitud de más de
cien kilómetros, imposibilitando las actividades de pesca durante más de seis meses.
Además, fueron asesinados algunos de los líderes locales que denunciaron el desastre
ecológico, sin que hasta ahora se haya encontrado a los responsables.
Otro desastre tuvo lugar sobre una comunidad indígena q’eqchi’ en el municipio
de El Estor, en el departamento de Izabal, luego del desbordamiento de dos
ríos que afectó a más de mil familias que perdieron sus viviendas y sus cultivos.
Llama la atención que la zona del desastre se encuentre en el área de influencia de
una gran mina de níquel. Incluso los pobladores locales indican que la destrucción
de uno de los puentes de la ruta principal hacia el poblado de El Estor fue provocado
por el excesivo tránsito del transporte pesado de la compañía minera.
Continuidad de las consultas populares
Varios municipios del país se sumaron al proceso de celebrar consultas populares
para expresar su aceptación o no a la instalación de inversiones extractivas sobre
su territorio. Tal como se ha expresado en consultas anteriores, las comunidades consultadas
manifestaron en forma mayoritaria su rotunda negativa a estas inversiones.
Sin embargo, tanto las empresas como las autoridades gubernamentales han negado
el carácter vinculante de las consultas, indicando que el resultado de las mismas aporta
solamente elementos indicativos, pero que, de todas maneras, el gobierno tiene la potestad
absoluta de otorgar las licencias para la explotación de los recursos del subsuelo.
Frente a esta esta postura, las organizaciones comunitarias han recurrido a los tribunales
de justicia, tanto nacionales como internacionales.
El caso de la comunidad de La Puya, ubicada a escasos veinte kilómetros de
la capital, muestra la contradicción de las decisiones estatales. Los tribunales de
justicia declararon la anulación de la licencia minera otorgada por el Ministerio de
Minería debido a la evidente falta de consulta a las comunidades. Sin embargo, el