EL MUNDO INDIGENA 2016

312 IWGIA – EL MUNDO INDIGENA – 2016
nación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Internacional sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la Convención
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. También afirmó que “no está preparado”
para convertirse en una de las partes en el Segundo Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), el Protocolo Facultativo
de la Convención Contra la Tortura (CAT) o el Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR). 9 En lo referente
a los pueblos indígenas, Laos tampoco estuvo de acuerdo con las recomendaciones
121-191, que instan al Gobierno a “Reconocer y garantizar los derechos de los
pueblos indígenas, incluyendo la participación plena de estos pueblos en la toma de
decisiones sobre todos aquellos asuntos que les afectan”. 10
En 2015, el Departamento de Asuntos Étnicos y Religiosos (DOERA), un órgano
dependiente del Ministerio del Interior (MOHA) que se encarga de las políticas en
materia de grupos étnicos, destinó fondos para la redacción de una propuesta de
decreto sobre el Trabajo de las Minorías Étnicas, basada en el modelo elaborado por
el Comité para Asuntos de las Minorías Étnicas (CEMA) de Vietnam. En 2011, este
organismo había promulgado un decreto sobre asuntos de las minorías étnicas. Dicho
decreto tiene por objeto garantizar y promover la igualdad y la solidaridad, preservar
la lengua, la escritura y la identidad, así como promover las costumbres, los
hábitos, las tradiciones y la cultura de todos los grupos de minorías étnicas en Vietnam.
También contempla que las personas pertenecientes a minorías étnicas deben
ocupar puestos claves en las regiones donde habitan las minorías étnicas. 11
Proyectos internacionales y de la sociedad civil que abogan por
el reconocimiento de la tenencia consuetudinaria de las tierras
Algunas organizaciones internacionales han contribuido al reconocimiento del uso
tradicional de la tierra y el bosque, así como al reconocimiento de los derechos colectivos
de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales, a través de la inclusión
de la titulación de tierras comunales en los borradores de la primera Política Nacional
de Tierras. El proyecto SUFORD-SU 12 elaboró una propuesta de Directrices para el
Registro y Titulación de Tierras Comunales de los Bosques de Uso Popular en las
Áreas Forestales de Producción (AFP). Aunque el alcance de estas directrices abarca
únicamente las AFP, sus principios fundamentales podrían aplicarse también a
bosques sin clasificar. El proyecto también ha puesto a prueba los inventarios de uso
de la tierra a través una Planificación Participativa del Uso de la Tierra (PLUP) en las