EL MUNDO INDIGENA 2016

EDITORIAL
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Al mismo tiempo, parece que algunos Gobiernos no solo están ansiosos por desarrollar
estas industrias en sus territorios sino que ante todo quieren facilitar y potenciar
el atractivo empresarial para la instalación de nuevas compañías de minería y
madereras, introduciendo enmiendas favorables a las empresas en la legislación
nacional que amenazan con menoscabar los derechos de los pueblos indígenas. En
la Federación de Rusia, la prometedora perspectiva de los pueblos indígenas de tener
sus tierras protegidas mediante la denominación “Territorios de Uso Natural Tradicional”
(TUNT) ha disminuido debido a cambios en la legislación, así como por acciones
de las autoridades regionales y el poder judicial a favor de compañías extractivas.
En México, una nueva “Guía de Ocupación Superficial” publicada por el Ministerio
de Economía ha recibido el sobrenombre de la “Guía de Apropiación de Tierra”
ya que justifica la usurpación de tierras argumentando que promueve el desarrollo
competitivo del sector minero. En Perú, el Gobierno sigue una lógica de “simplificación
administrativa” en favor de la inversión, ignorando derechos tales como la consulta
previa e incluso violando derechos a la propiedad, la posesión y la autonomía
de las comunidades sobre el uso de la tierra. Asimismo, se ha aprobado legislación
reciente que simplifica aún más los trámites procesales requeridos para obtener una
concesión minera, solicitar una Certificación Ambiental Global correspondiente a una
evaluación de impacto ambiental y autorizar licencias sobre recursos hídricos y forestales.
En Bolivia, tres nuevos decretos supremos repercutirán negativamente sobre
los derechos de los pueblos indígenas en lo concerniente a recibir indemnización por
el impacto de las actividades extractivas de hidrocarburos en sus territorios, obtener
información fidedigna, rápida y adecuada del Estado relativa a proyectos y proveerles
con asesoramiento especializado al participar en una consulta. Finalmente, establece
que los operadores tienen la autoridad de implementar sus proyectos sin ninguna
interrupción y que esto se garantizaría, si fuera necesario, mediante el uso de las
fuerzas de seguridad.
Con el fin de proteger los derechos a sus tierras, los pueblos indígenas recurren
a diferentes estrategias. Muchos están llevando a cabo actuaciones para cartografiar
sus territorios. En Indonesia, se han presentado al Ministerio de Medio Ambiente y
Bosques más de 600 mapas de territorios indígenas cubriendo una superficie total de
6,8 millones de hectáreas. La cuestión no resuelta aún radica en la validez legal de
estos mapas. En Malasia, los pueblos indígenas desafían la agresión propiciada por
el desarrollo mediante declaraciones de prensa, informes policiales, reclamaciones y
en última instancia presentando demandas en los tribunales. En Laos, el pueblo tarieng
en la provincia de Xekong ha utilizado incluso las redes sociales para comunicar