EL MUNDO INDIGENA 2016

AMERICA DEL SUR
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Un caso paradigmático ha sido el del Proyecto Central Hidroeléctrica Añihuerraqui,
que se localiza en el sector Trancura, provincia de Cautín, Región de la Araucanía.
Éste, que se emplaza en el estero Añihuerraqui, se encuentra en medio de las
comunidades mapuche Camilo Coñoequir Lloftonekul y Camilo Coñoequir, las que
realizan usos ceremoniales y productivos sobre dicho estero. Todo esto genera una
seria afectación a los derechos religiosos de las comunidades del territorio. Durante
la tramitación ambiental del proyecto, y producto de las afectaciones que éste implica
para las comunidades mapuche, se dio inicio a un proceso de consulta indígena. Las
organizaciones consultadas establecieron que el proyecto hidroeléctrico genera alteraciones
significativas de los sistemas de vida y costumbres en su dimensión cultural,
religiosa y socioeconómica. La construcción e instalación del proyecto afectaría significativamente
el sistema de producción local, que se sustenta en el desarrollo de
turismo de intereses especiales y que está vinculado principalmente a la explotación
de la belleza natural mediante caminatas por el territorio, actividades que se desarrollan
respetando el territorio y en armonía con éste. El resultado final de la consulta fue
que la afectación del proyecto sobre el patrimonio cultural y religioso del territorio
Trankura no es mitigable, ni reparable y tampoco es compensable, por lo cual no
existen medidas satisfactorias para el Lof Trankura. Dicha apreciación es respaldada
por organismos técnicos competentes como CONADI y la Municipalidad de Curarrehue;
sin embargo, el proyecto fue aprobado. Dicha situación implica una seria vulneración
a los derechos culturales y religiosos de las comunidades mapuche de Trankura,
ya que se amenaza seriamente su principal sitio de significación cultural, lo que
deja en evidencia que el Estado no ha cumplido con su rol de proteger los derechos
humanos, ya que mediante la aprobación de éste permite una vulneración de tales
derechos.
La situación de los derechos de los pueblos andinos
Los pueblos indígenas del norte del país han reivindicado por décadas el derecho a
la demarcación y titulación de sus territorios ancestrales y los resultados no han sido
significativos. De acuerdo a lo establecido en la Ley 19.253 sobre protección, fomento
y desarrollo de los indígenas, el Estado está obligado a reconocer y restituir las
tierras indígenas, y para ello se impuso un plazo de tres años a partir de la promulgación
de la Ley, plazo que caducó en el año 1996, hace 20 años. A la fecha existen
numerosos territorios reivindicados que están bajo dominio del Fisco de Chile, que no
se encuentran demarcados y titulados formalmente, según fue consignado por el